Así consta en el documento de propuestas relativas a la discapacidad que el Cermi elevó a este departamento ministerial, en el trámite de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, según informó el comité.

El Cermi "estima positivo el interés del ministerio del que es titular Óscar López por actualizar el marco regulatorio de seguridad y resiliencia de las infraestructuras digitales en un contexto de crecientes amenazas climáticas, energéticas y cibernéticas".

Sin embargo, "el proyecto de real decreto presentado a audiencia pública adolece de un enfoque excesivamente tecnocrático que omite una dimensión esencial: la protección de las vidas de las personas con discapacidad y sus familias que dependen críticamente de estas infraestructuras para su supervivencia, autonomía y ejercicio de derechos fundamentales", añadió esta entidad.

"Las recientes catástrofes han demostrado que las personas con discapacidad son las primeras víctimas invisibles cuando colapsan las infraestructuras. La regulación propuesta perpetúa esta vulnerabilidad estructural al no incorporar salvaguardas específicas", prosiguió el Cermi.

Además, añadió, que "no se trata de establecer cargas desproporcionadas, todas las medidas propuestas por el Cermi son técnicamente viables con la tecnología y los recursos actualmente disponibles". A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad organizada, "lo que se requiere es voluntad política para priorizar la protección de vidas sobre la minimización de costes operativos".

Las personas con discapacidad han sido durante demasiado tiempo las víctimas invisibles de las crisis (sanitarias, climáticas, tecnológicas). La regulación de seguridad nacional del siglo XXI debe romper esa invisibilidad, situando la protección de las vidas más vulnerables en el centro del diseño de la resiliencia.

RESPUESTA

En el documento de alegaciones del Cermi en respuesta al trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de real decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. se reclama que la norma incorpore un enfoque de derechos humanos, con protección reforzada de las personas con discapacidad, especialmente las electrodependientes.

Entre sus propuestas figuran elevar a 24 horas la autonomía de las infraestructuras críticas, crear sistemas automáticos de alerta a emergencias ante pérdida de conectividad, priorizar los servicios de teleasistencia, garantizar la accesibilidad universal del 112 y de las alertas públicas, proteger a familias cuidadoras e infancia con discapacidad, introducir salvaguardas frente a la discriminación algorítmica y el uso malicioso de la Inteligencia Artificial, reforzar la protección de datos sensibles y neurodatos, reconocer los bancos de voz y las interfaces cerebro-computadora como infraestructuras críticas personales y asegurar la participación estable de las organizaciones de la discapacidad en la planificación y evaluación de la resiliencia digital.