La plataforma representativa de la discapacidad recordó que compareció el año pasado ante la ponencia de estudio sobre políticas de igualdad y corresponsabilidad-conciliación constituida en la Comisión de Derechos de las Familias del Senado para reclamar que la discapacidad ocupara “un lugar central en el diseño de estas políticas públicas”.

Durante su intervención, el Cermi defendió que las personas con discapacidad constituyen “un colectivo especialmente afectado por las dificultades de conciliación” debido a la “elevada feminización” de la discapacidad y a la situación de interdependencia que se produce en numerosos hogares.

El movimiento asociativo de la discapacidad alertó de que las mujeres con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, “afrontan obstáculos añadidos para compatibilizar la vida laboral y familiar”, una situación que contribuye a “perpetuar desigualdades y agravar la vulnerabilidad económica” de muchas familias.

Entre sus propuestas, el Cermi reclamó medidas dirigidas a redistribuir los cuidados y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad, reduciendo el peso que tradicionalmente asumen las mujeres.

Para ello, defendió el fortalecimiento de los sistemas públicos de apoyo y autonomía personal, así como el impulso de figuras como la asistencia personal, con el fin de “aliviar la sobrecarga familiar y favorecer proyectos de vida independientes”.

Asimismo, la organización planteó la necesidad de revisar la legislación laboral y de Seguridad Social para adaptarla a la realidad de las familias con discapacidad. Entre sus demandas figura la reforma de la prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave para eliminar el límite de edad actualmente establecido en los 26 años.

El Cermi subrayó además que la accesibilidad universal, reconocida expresamente en la reforma del artículo 49 de la Constitución, constituye un elemento esencial para reducir las necesidades de cuidado y favorecer una mayor autonomía personal.

La entidad también propuso “compensar mediante medidas fiscales” el esfuerzo económico que asumen muchas familias cuando los sistemas públicos no proporcionan la intensidad de apoyos que requieren las personas con discapacidad.

Igualmente, solicitó extender determinadas medidas de acción positiva previstas para las personas con discapacidad a sus cuidadores principales, en su mayoría mujeres, con el objetivo de “reforzar su protección social y avanzar en igualdad”.