Estas aportaciones, elaboradas por la Delegación de Gobierno Abierto del Cermi, de la que es titular Luis Javier Alonso Calzada, buscan "asegurar que la apertura y la transparencia administrativa incorporen plenamente los derechos de las personas con discapacidad, en línea con los principios de igualdad, no discriminación y acción positiva establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", según indicó el Cermi.

Entre las medidas propuestas, el Cermi "plantea que toda la información pública y los canales de participación ciudadana sean accesibles en todos los formatos y plataformas digitales, garantizando así la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos de decisión y control de la acción pública".

Además, el Cermi insta a que "la futura ley establezca obligaciones específicas de accesibilidad y rendición de cuentas para las Administraciones en materia de inclusión".

El Cermi se comprometió "a seguir colaborando con Función Pública en el desarrollo de esta norma para asegurar que la Administración Abierta lo sea realmente para todas las personas, sin exclusiones". Asimismo, promoverá que las organizaciones del sector social de la discapacidad "participen activamente en los mecanismos de transparencia y buen gobierno que se articulen a partir de esta ley".

Desde una perspectiva institucional, el Cermi consideró "positiva la orientación participativa del proyecto, pero recordó que la apertura administrativa solo será plena si es también inclusiva y accesible". Por ello, reclamó "que la futura Ley de Administración Abierta integre de forma transversal la accesibilidad universal como requisito indispensable de toda política pública de transparencia y participación".

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Este anteproyecto reza que los objetivos del mismo son "avanzar hacia una administración abierta que fomente la confianza ciudadana en las instituciones mediante el impulso de la transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación" lo cual constituye "una de las obligaciones primordiales de los poderes públicos".

"El diseño, adopción y ejecución de las políticas y la provisión de servicios públicos deben producirse en ese marco en garantía de los valores superiores del ordenamiento jurídico, base fundamental de nuestro Estado social y democrático de Derecho", añade.

"Las novedades más significativas atañen a la ampliación del ámbito de los sujetos obligados, al reconocimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública a partir de los catorce años, como forma de consolidar una mayor cultura e implicación democrática de la ciudadanía desde edades tempranas, a la significativa ampliación de las obligaciones de publicidad activa, la simplificación del procedimiento de acceso y la introducción de un régimen de mediación", explica el anteproyecto.