En un comunicado, el Cermi explicó que su contribución se ha elaborado en el marco de la participación del Movimiento en el Foro Consultivo de Inteligencia Artificial, del que la organización forma parte, y se fundamenta en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Informe DiscapacIA, elaborado por el propio Cermi.

Según indicó la organización, el documento presentado parte de una premisa: un sistema de inteligencia artificial recibe la calificación de riesgo elevado cuando puede comprometer la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas, lo que sitúa a las personas con discapacidad entre quienes más tienen en juego en su correcta aplicación.

A lo largo de sus aportaciones, el Cermi reclama que la clasificación y la evaluación de estos sistemas incorporen de forma efectiva los derechos de las personas con discapacidad. Entre otras cuestiones, pide que la tecnología de apoyo no quede fuera de las garantías del Reglamento por la forma en que se comercializa; que la accesibilidad se reconozca como condición para el ejercicio de derechos y no como una función accesoria; y que se atienda a los riesgos específicos que estos sistemas generan en ámbitos como la educación, el empleo, los servicios sociales y las prestaciones, las comunicaciones de emergencia, la actuación policial, la migración y la administración de justicia.

El Cermi subrayó, además, la necesidad de aplicar "una mirada interseccional, con especial atención a las mujeres y las niñas con discapacidad".