El movimiento social de la discapacidad a escala europea y española espera con gran expectación la aprobación de esta iniciativa, que permitirá el reconocimiento de las situaciones de discapacidad y de las ayudas concedidas en consecuencia entre los Estados miembro, de cara a facilitar la libre circulación de estas personas por toda la UE.

Ante el anuncio de que la Comisión Europea presentará su decisión sobre este acto legislativo comunitario el próximo 6 de septiembre, el Cermi aseguró "confiar" en que esta normativa "dé respuesta a las demandas insistentes de libre circulación efectiva en todos los países de la Unión por parte de la población europea con discapacidad".

Con esta decisión de la Comisión se inicia formalmente el camino legislativo para acabar aprobando finalmente la tarjeta europea de discapacidad, explicó.

Sin embargo, que el propósito del Ejecutivo comunitario sea "de mínimos o de máximos" dependerá de los términos de la propuesta, que establecerán el alcance, los efectos y las obligaciones del reconocimiento mutuo de las situaciones de discapacidad entre los Estados miembros y ante las instituciones europeas.

Por ello, el Cermi consideró "crucial" que la normativa europea "adopte la forma de reglamento de la Unión", el mayor nivel normativo de las disposiciones comunitarias, que comporta la aplicación directa de sus preceptos en todos los Estados miembro, sin necesidad de procesos de adaptación o transposición que ralentizan la entrada en vigor y suponen cambios de regulación entre países.