Así lo expresa el Cermi en un documento de propuestas y alegaciones en respuesta al trámite de audiencia e información pública sobre el anteproyecto de ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes

El Cermi señala en el documento que “aprecia de modo positivo que este anteproyecto de ley tenga presente a las personas con discapacidad” y plantea una serie de propuestas de mejora al anteproyecto para “desarrollar con mayor detalle la protección reforzada que precisan las personas con discapacidad como beneficiarias de servicios financieros, garantizando así con mayor intensidad la atención personalizada a este grupo ciudadano”.

En el informe el Cermi pide “con todo vigor y firmeza” que se eliminen de texto todas las referencias al término “diversidad funcional”, porque, a juicio de Cermi, “es una expresión sin soporte normativo, contraria a la legalidad que dimana tanto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas como de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad”.

Otra de las propuestas del Cermi es añadir una sección específica para atender las reclamaciones de grupos sociales en situación de vulnerabilidad que les proporcione la necesaria seguridad jurídica para que puedan ejercer sus derechos y defender sus intereses legítimos en una situación de igualdad.

En este documento el Cermi también señala como medida “conveniente” la promoción de la educación financiera y contar para ello con las asociaciones representativas de personas con discapacidad para elaborar recursos educativos que se ajusten lo máximo posible los contenidos y formatos a sus necesidades reales.

Además, proponen dotar a la Ley de un régimen sancionador y que se incorpore como “infracción grave” el incumplimiento de resoluciones de la autoridad que hubieran resuelto reclamaciones interpuestas por personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o cualesquiera otras que puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión financiera”.

Asimismo, y teniendo en cuenta que la accesibilidad universal es indispensable para el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, Cermi pide que esta debe figurar de manera transversal en todo el contenido de la futura legislación.

Otra de las propuestas es fomentar la colaboración con las organizaciones representativas de personas con discapacidad en la tramitación de reclamaciones y poder participar en los procesos de seguimiento, supervisión y evaluación de las medidas relacionadas con esta ley. Cermi pide que se tenga mayor concreción del principio de prestación personalizada en las principales normas reguladoras de los sectores financieros.