Así consta en la extensa respuesta del Cermi a la consulta pública formulada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a fin de recabar respuestas para elaborar un estudio oficial sobre infraestructura inclusiva con las personas con discapacidad, abarcando también los transportes y la vivienda.

En su contestación al cuestionario de Alto Comisionado, el Movimiento expone la situación legal de España en cuanto a disposiciones normativas (estatales, autonómicas y locales) aplicables a la construcción y gestión de las infraestructuras, completándola con información sobre su efectivo cumplimiento, "señalando la considerable brecha existente entre lo que dicen y exigen las leyes en materia de accesibilidad e inclusión y lo que realmente ocurre en la realidad".

Las respuestas del Cermi se han basado en "las evidencias comprobadas contenidas en los informes anuales sobre derechos humanos y personas con discapacidad elaborados por la plataforma cívica desde 2008 en despliegue de su papel oficial de mecanismo de seguimiento independiente de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país", explicó.

EMERGENCIAS

En su contribución a esta consulta de la ONU, el Cermi dedica un capítulo específico a resaltar la trascendencia de la dimensión inclusiva de las infraestructuras a la hora de enfrentar las emergencias de todo tipo, a partir de las "amargas experiencias vividas en España como las inundaciones catastróficas que asolaron la provincia de Valencia el pasado mes de octubre".

En este sentido, el Cermi ha propuesto a Naciones Unidas que adopte un documento oficial de directrices dirigidas a los Estados en relación con las emergencias naturales y sociales y las personas con discapacidad y el rol de las infraestructuras en la gestión preventiva de su impacto.