La organización consideró que la redacción vigente del artículo 10 del texto normativo supone “un avance en cuanto al tratamiento de la imagen de la discapacidad”, pero la juzga “insuficiente” para asegurar una presencia efectiva y una accesibilidad plena en todas las campañas promovidas por el sector público estatal.

En su propuesta, el Cermi planteó una nueva formulación del artículo 10 que establezca la obligación de que las personas con discapacidad “estén presentes en los contenidos publicitarios institucionales” al menos conforme a su peso poblacional, situado entre el 10% y el 15% de la ciudadanía.

A su juicio, no basta con evitar representaciones negativas o estereotipadas, sino que resulta imprescindible “promover una visibilidad activa, respetuosa y normalizada” que contribuya a que este grupo social sea percibido como “parte integrante de la estructura social”. La entidad advirtió de que la omisión sistemática también constituye “una forma de exclusión” y refuerza sesgos que limitan la participación plena.

La enmienda del Cermi incorpora, además, la exigencia de que “toda publicidad del sector público estatal cumpla criterios estrictos de accesibilidad universal”. En concreto, propone que los mensajes incluyan subtitulado visible de los contenidos locutados, interpretación en lengua de signos sobreimpresionada, audiodescripción para personas con discapacidad visual y formatos que garanticen la accesibilidad cognitiva.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que estas obligaciones no se limiten a la televisión convencional. El Cermi reclamó que la accesibilidad sea “integral y se extienda a toda la cadena de difusión”, incluyendo televisión a demanda, internet y redes sociales, de modo que ninguna persona quede excluida del acceso a la información institucional por razón del canal o soporte empleado.

Asimismo, la organización planteó que las medidas de accesibilidad se ajusten a las normas técnicas de aplicación, con el fin de “asegurar su uniformidad, calidad y eficacia real”.

Con esta iniciativa, el Cermi persigue que la futura ley consolide “un modelo de comunicación pública coherente con los principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal”, garantizando tanto una representación social ajustada a la realidad como el acceso efectivo de todas las personas a los mensajes institucionales.