Vivienda
El Cermi y Provivienda se alían para impulsar el acceso de las personas con discapacidad a una vivienda accesible e inclusiva
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Asociación Provivienda firmarán este miércoles un convenio marco de colaboración para impulsar el derecho de las personas con discapacidad y sus familias a una vivienda accesible, asequible, inclusiva y ubicada en la comunidad.
El acuerdo, que suscribirán el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y el codirector general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez Sanz, establece un marco estable de cooperación para incorporar la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas de vivienda desde un enfoque de derechos humanos, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y vida independiente.
Ambas organizaciones parten de la premisa de que el acceso a una vivienda adecuada constituye “un requisito indispensable” para el ejercicio de otros derechos fundamentales, tal y como recogen la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución Española.
Entre las principales líneas de trabajo previstas figuran la incidencia política para que las políticas de vivienda integren la accesibilidad universal, los ajustes razonables y el diseño para todas las personas; la elaboración de estudios sobre el impacto de la exclusión residencial en las personas con discapacidad; la promoción de buenas prácticas en accesibilidad y el desarrollo de acciones específicas en materia de vivienda, discapacidad y género.
El convenio también contempla la organización de actividades de formación y sensibilización, así como la participación conjunta en observatorios, redes y otros espacios de análisis relacionados con la vivienda social y asequible.
Además, el Cermi y Provivienda prestarán especial atención a las situaciones de discriminación múltiple e interseccional, promoviendo medidas dirigidas a responder a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, las personas residentes en entornos rurales, quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión residencial y otros colectivos especialmente vulnerables.
El acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento paritaria encargada de coordinar, impulsar y evaluar las actuaciones previstas, así como de identificar nuevas oportunidades de colaboración. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por acuerdo entre ambas entidades.
(SERVIMEDIA)
20 Jul 2026
RIM/gja
