El acuerdo fue suscrito por el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y el codirector general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez, con el objetivo de “incorporar de forma efectiva la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas de vivienda”.

El convenio prevé elaborar estudios e informes, difundir buenas prácticas, desarrollar actividades formativas y participar conjuntamente en redes y observatorios especializados en vivienda social y asequible. Asimismo, ambas entidades prestarán especial atención a las situaciones de discriminación múltiple e interseccional que afectan a mujeres y niñas con discapacidad, personas residentes en el medio rural y quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión residencial.

Durante la firma, Pérez Bueno subrayó que la vivienda constituye un elemento “determinante para el ejercicio de otros bienes sociales” y defendió que el derecho constitucional a una vivienda digna “debe incorporar de forma expresa los principios de accesibilidad, asequibilidad e inclusión”.

Asimismo, vinculó este derecho con la vida independiente y la inclusión en la comunidad. “La desinstitucionalización no se puede llevar a cabo si no se garantiza el derecho a una vivienda en el entorno, que sea el campamento base de la participación”, afirmó.

Por su parte, Gutiérrez destacó que el convenio debe traducirse en actuaciones concretas. “Este documento debe convertirse en hechos y ser el punto de partida de una agenda compartida que no se quede en un papel, sino que nos permita empezar a hacer cosas”, señaló.

El codirector general de Provivienda añadió que ofrecer una vivienda no es suficiente si esta no reúne condiciones de accesibilidad, asequibilidad y plena integración en la comunidad, de manera que permita desarrollar proyectos de vida independiente.

Con esta alianza, Cermi y Provivienda se comprometen a trabajar para que “la accesibilidad universal y la inclusión formen parte de todas las políticas de vivienda y dejen de considerarse medidas excepcionales”.