Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en una videoentrevista promovida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dentro del ciclo de encuentros con especialistas y representantes de la sociedad civil sobre la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, publicada este miércoles en la página web del organismo público.

Para el Cermi, la futura Convención constituye una “oportunidad histórica para reconocer de manera expresa los derechos de las personas mayores” y combatir las situaciones de discriminación, exclusión y vulneración de derechos que aún persisten por razón de edad. La aprobación de este tratado internacional supondría un avance equiparable al que representó la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para este grupo de población.

El movimiento social de la discapacidad consideró que la edad, al igual que la discapacidad, sigue siendo “un factor que genera desigualdades estructurales y prácticas discriminatorias” que deben abordarse desde un enfoque basado en los derechos humanos. En este sentido, la futura Convención contribuirá a “patentizar el edadismo y a establecer obligaciones claras para los Estados” en materia de igualdad, participación social, autonomía personal, cuidados, salud, protección social y acceso a la justicia.

El Cermi resaltó el compromiso mostrado por España con este proceso internacional, que comenzó formalmente tras la aprobación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de una resolución para iniciar la redacción de una Convención jurídicamente vinculante sobre los derechos de las personas mayores. España figura entre los países que han respaldado activamente esta iniciativa.

Asimismo, el Cermi subrayó la importancia de que la futura Convención “incorpore una perspectiva interseccional” que tenga en cuenta la realidad específica de las personas con discapacidad mayores, especialmente aquellas que afrontan situaciones de discriminación múltiple y mayores riesgos de exclusión social.

La organización continuará colaborando con las instituciones públicas, las entidades representativas de las personas mayores y los organismos internacionales para contribuir a que este nuevo instrumento normativo internacional responda de manera efectiva a los desafíos que plantea el envejecimiento de las sociedades contemporáneas y garantice una vida digna, autónoma e inclusiva para todas las personas mayores.