Copago

El Cermi reclama en el Congreso un copago justo en dependencia y financiación extraordinaria para que la reforma sea efectiva

- Su presidente advierte que sin un "riego" de financiación que "se mantenga a medio y largo plazo, esta reforma del sistema de autonomía y dependencia no cuajará"

Madrid
SERVIMEDIA

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió este miércoles en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que adapta la legislación de discapacidad y dependencia al nuevo artículo 49 de la Constitución, pero reclamó a los grupos un amplio paquete de mejoras. Exigió un copago "justo" que no expulse a las personas en situación de dependencia del sistema, una financiación extraordinaria que garantice la viabilidad del modelo y un impulso decidido a la asistencia personal.

El presidente del Cermi compareció ante la Comisión de Derechos Sociales para analizar el proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Pérez Bueno señaló que el movimiento social de la discapacidad recibe "de forma favorable" la iniciativa legislativa y "espera y pide el apoyo constructivo de los grupos parlamentarios, desde sus legítimas acercamientos ideológicos", con la confianza de que "pueden enriquecerla con enmiendas que la refuercen, que la amplíen y que la robustezcan". "Confiamos en una tramitación rápida y en una aprobación con un respaldo lo más extenso posible", añadió.

En el ámbito de autonomía personal y dependencia, Pérez Bueno señaló que el proyecto "acomete un cambio en el modelo de cuidados de larga duración, en el dispositivo público de atención a las personas que precisan apoyos intensos para su autonomía, que va en la buena dirección". Recordó que el sistema actual, que en 2026 cumplirá 20 años, es "en gran medida percibido como equivocado, insuficiente, fallido por las personas con discapacidad, las personas mayores y sus familias". Situó como "absolutamente prioritarias" dos demandas. La primera, "regular un copago justo, que no expulse de las prestaciones y servicios a las personas en situación de dependencia y que deje de ser confiscatorio".

La segunda demanda esencial es "dar alas a la asistencia personal como el recurso más inclusivo". Recordó que "la asistencia personal es una prestación dentro del catálogo de prestaciones y servicios de la ley 39/2006 que apenas ha tenido recorrido y desarrollo", ya que "es la más deseable, la más apetecida, la más inclusiva para las personas con grandes necesidades de apoyo para su autonomía personal y que está cortocircuitada por una regulación restrictiva y desalentadora".

PARTICIPACIÓN CÍVICA E INSTITUCIONAL

Pérez Bueno destacó que, durante la preparación del texto, "el sector social de la discapacidad ha mantenido un diálogo estrecho y productivo a lo largo de meses" con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, con la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Dirección General del Imserso y consideró "estimable el nivel de participación cívica en la génesis de la iniciativa".

Albergó "esperanzas en que este buen nivel de diálogo civil se mantenga en la tramitación parlamentaria", y pidió "una buena receptividad a las sugerencias de enmiendas, de propuestas de mejora que se formulan desde el sector social de la discapacidad y el de personas mayores". Por otro lado, el compareciente recordó que este proyecto de ley "deriva inmediatamente del nuevo artículo 49 de la Constitución española, aprobado el año pasado por abrumadora mayoría de estas Cortes, la primera reforma social de la Carta Magna", de la que el movimiento social de la discapacidad y el Cermi se sienten "un auténtico elemento tractor determinante".

Explicó a los representantes de los grupos parlamentarios que la reforma, además de "actualizar la terminología, consagrando constitucionalmente la nomenclatura 'Personas con Discapacidad', la única admisible", incorpora "el enfoque exigente de derechos humanos aplicado a la discapacidad, alineando nuestro derecho interno, el derecho nacional español, con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

MANDATOS CONSTITUCIONALES

"El renovado artículo 49 rige para toda la legislación ordinaria y erige verdaderos mandatos constitucionales vinculantes y exigibles al legislador ordinario", afirmó Pérez Bueno, no sin antes enumerar detalladamente cuáles son esos mandatos: titularidad en plenitud de derechos para las personas con discapacidad, no discriminación, protección legal reforzada, acción afirmativa de los poderes públicos, autonomía personal, inclusión social, entornos universalmente accesibles, participación de la sociedad civil en la acción pública y atención particular a mujeres con discapacidad y a la infancia y adolescencia con discapacidad.

El presidente del Cermi explicó además que "todas las modificaciones del proyecto en principio son positivas, avanzan, robustecen, refuerzan derechos o medidas de acción afirmativa". "Se pueden y se deben mejorar y expandir incluyendo más a través de enmiendas, pero es aceptable, es un avance", concluyó.

En este punto, recordó "con tristeza y con pena" que "desde 2015 esta Cámara tiene pendiente de tramitar una iniciativa legislativa popular promovida por el Cermi sobre el copago en dependencias intentando establecer unos criterios básicos sobre esta cuestión que está ahora mismo sin regulación en el ámbito estatal, avalada por 740.000 firmas". "Si consideran que esa ILP no tiene sentido, desestímenla, niéguenla o consideran que pueda ser mejorable, mejórenla a través de enmienda, pero dennos una respuesta", reclamó.

UN TERCER SECTOR EN SITUACIÓN AGÓNICA

Más allá de las enmiendas al articulado, el presidente del Cermi situó en el centro del debate la financiación del sistema, "sobre todo en la parte del bloque de autonomía personal y dependencia decisiva para que de verdad tengamos un genuino y auténtico sistema de autonomía y atención a la dependencia". "Resulta esencial que el cambio de modelo regulatorio venga con un refuerzo sistemático estructural de su sostenibilidad económica con garantía de financiación robusta, suficiente y prolongada en el tiempo", enfatizó. "Esto requiere indefectiblemente nueva financiación que aflore, un riego muy considerable de financiación y esto no se puede eludir porque si no el sistema irá decayendo y estará a riesgo de desaparecer". "Sin una aportación extraordinaria que se mantenga a medio y largo plazo, esta reforma del sistema de autonomía y dependencia no cuajará", insistió.

Pérez Bueno profundizó en la situación del tercer sector de la discapacidad como prestador de servicios. Explicó que, además de la función de incidencia política, el movimiento de la discapacidad tiene "otro elemento que es ser proveedores directos de servicios de recursos de acompañamiento a personas con discapacidad por delegación de las Administraciones Públicas". "En ese papel es donde estamos en una situación agónica porque, esos conciertos, esos convenios, esas subvenciones, que es de donde nos nutrimos, apenas llegan para dar una atención de calidad, continuada, exigente, y que mejore continuamente", denunció. "Hay un problema gravísimo", recalcó.

Pérez Bueno informó a los diputados de que el Cermi registró en la Secretaría de la Comisión "un documento de propuestas de enmiendas" con casi dos docenas de distintos aspectos que están en su agenda política y legislativa, pero que no han entrado con la intensidad deseada. Pidió "con toda humildad" que los grupos "las puedan examinar, las puedan en su caso asumir" y presentar a las Cortes.

"El objetivo es que el texto que finalmente se apruebe no sea sólo del Ejecutivo sino que acuse para bien su paso por el Parlamento, que salga notoriamente mejor que entró y con el sentimiento de todas las fuerzas políticas que han contribuido a ello, haciéndolo suyo y haciéndolo común y compartido", afirmó.

LEGISLATURA SOCIAL

Para situar el alcance del momento legislativo, contestó al representante socialista que sí, que esta "sí es una legislatura social", pero que aún podría serlo más con la aprobación de esta ley. Añadió que "también se aprobó con un inmenso respaldo parlamentario la Ley 2/2025, que reforma nel Estatuto de los Trabajadores para regular la incapacidad sobrevenida laboral, que ahora mismo impedía que una persona, estando trabajando y adquiere una discapacidad, pudiera continuar trabajando".

Pérez Bueno recordó a la comisión que "hay casi cinco millones de personas con discapacidad según las estadísticas oficiales, en uno de cada cinco hogares hay una situación de discapacidad". "Somos una minoría, es verdad que no podemos pretender dictaminar cómo debe dirigirse el país, pero creemos que lo que se haga en favor de la discapacidad es agradecido, es sentido y es recibido por una amplia base social, porque es una realidad importante en sí misma y en crecimiento", concluyó el presidente del Cermi.

(SERVIMEDIA)
10 Dic 2025
EDU/clc