Discapacidad

El Cermi reclama que la infancia con discapacidad sea una prioridad en la nueva legislatura

Madrid
SERVIMEDIA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este viernes un compromiso político e institucional prioritario con la infancia con discapacidad y pidió a los partidos que concurren a las elecciones del próximo 29 de noviembre que “incluyan medidas concretas para garantizar sus derechos, desarrollo e inclusión”.

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, la entidad defendió que los poderes públicos deben asumir una responsabilidad reforzada durante las primeras etapas de la vida y garantizar los apoyos y recursos necesarios para asegurar “la igualdad de oportunidades desde el nacimiento”.

Entre sus demandas, el Cermi propone que la educación infantil de cero a tres años sea obligatoria y gratuita para los niños y niñas con discapacidad cuando así lo decidan sus progenitores. En esos casos, la Administración educativa tendría que garantizar una plaza y proporcionar los apoyos y ajustes personalizados necesarios.

Asimismo, reclamó extender por ley la atención temprana hasta los seis años y configurarla como “una obligación de los poderes públicos”, con una respuesta universal, coordinada y accesible, con independencia del lugar de residencia.

La organización también planteó reconocer como “derecho subjetivo” el acceso a apoyos públicos para el desarrollo infantil entre los seis y los doce años, mediante un dispositivo de atención cuya provisión corresponda a las administraciones competentes en servicios sociales.

El objetivo es evitar que los seis años se conviertan en “una frontera administrativa” que interrumpa los apoyos necesarios para el desarrollo, la autonomía y la participación de los menores con discapacidad.

El Cermi consideró que la continuidad y la intensidad de estas prestaciones “no pueden depender de la fragmentación de las competencias, la disponibilidad presupuestaria o el territorio de residencia”. A su juicio, la atención a esta infancia constituye “una obligación de derechos humanos y una responsabilidad pública” que debe traducirse en derechos efectivos y recursos suficientes.

Con estas propuestas, la plataforma busca hacer efectivo el mandato del artículo 49 de la Constitución Española, que establece la atención preferente a los menores con discapacidad.

(SERVIMEDIA)
20 Nov 2026
RIM/gja