Desde el sector de la discapacidad se emplaza a estas empresas a que al igual que hace el operador ferroviario público (Renfe), que brinda la tarjeta dorada, ofrezcan "con carácter permanente condiciones tarifarias con mirada social para grupos de población como las personas con discapacidad y mayores, que tienen más dificultades para una movilidad regular".

Señaló que no existe legislación que obligue a estas compañías privadas a aplicar descuentos u otras ventajas comerciales por razones sociales, por lo que el Cermi apela a la responsabilidad social de estas compañías, que, “a pesar de su carácter privado, prestan un servicio público esencial”.

Entre los beneficios que el Cermi plantea, además de los descuentos tarifarios por razón de discapacidad o edad avanzada, estaría la gratuidad para el asistente personal de un viajero con discapacidad que necesite de este recurso para garantizar su movilidad.