Según informó el Movimiento en un comunicado, el Cermi señaló al departamento de Mónica García la implicación de la sociedad civil organizada de la discapacidad, que congrega a muchas personas "usuarias intensivas" y que requieren "prolongadas de atenciones, cuidados y servicios sanitarios". Por este motivo, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad indicaron que consideran importante poner en valor "la aportación del movimiento asociativo de la discapacidad a la vertebración, presencia y percepción públicas de los pacientes", que ha sido "determinante y debe ser reconocida expresamente en la Ley".

Asimismo, la entidad recordó que, en el ámbito de la discapacidad, el derecho a la participación de las organizaciones representativas ha sido elevado al máximo rango normativo tras la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española, lo que obliga a proyectar este mandato en la futura Ley de Organizaciones de Pacientes.

En este sentido, el Cermi propone que "tengan en todo caso la consideración legal de organizaciones de pacientes, por ministerio de la Ley, las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, así como las de personas mayores, por su vinculación estructural y permanente con el sistema sanitario".

La plataforma representativa de la discapacidad también reclama que todos los mecanismos de información, consulta y participación previstos en la norma se ofrezcan mediante canales, formatos y soportes que aseguren la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, garantizando así la igualdad de oportunidades.

Así, el Movimiento también plantea que las organizaciones representativas de pacientes puedan ser reconocidas oficialmente como entidades cívicas colaboradoras, con un estatuto claro en materia de derechos y deberes y un procedimiento reglamentario de acreditación.

A este respecto, propugna la incorporación al texto legal de una disposición adicional que contemple la regulación reglamentaria del estatuto de entidad cívica de pacientes colaboradora de las administraciones sanitarias en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley.

Por último, el Cermi solicita a Sanidad que el sector social de la discapacidad participe y esté presente en los órganos de gobernanza, consulta y participación que cree o desarrolle la futura Ley, a través de una representación designada a propuesta del Consejo Nacional de la Discapacidad, en coherencia con su papel institucional y su base social.