El encuentro, celebrado en formato digital y conducido por la responsable de Comunicación y Prensa del Cermi Estatal, Gema Piñeiro, abordó la evolución del movimiento desde las primeras asociaciones de personas con discapacidad hasta las movilizaciones por los derechos, la aprobación de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (Lismi) en 1982 y la creación del Cermi en 1997.

El delegado de Impacto y Discurso del Cermi Estatal y autor de la obra, Manuel García Ortiz, explicó que el libro pretende cubrir una carencia, ya que se trata de “una historia bastante desconocida” que, a diferencia de la de otros movimientos sociales, apenas contaba con una narración de conjunto. “Conociendo de dónde venimos, también entendemos dónde estamos”, señaló.

El autor situó entre los primeros antecedentes de la discapacidad organizada a las asociaciones de personas ciegas y sordas y destacó también el papel de las familias que comenzaron a crear recursos educativos y apoyos para sus hijos e hijas ante la falta de respuestas públicas.

El recorrido histórico llegó a los años setenta, cuando las personas con discapacidad comenzaron a protagonizar manifestaciones y encierros para reclamar accesibilidad y empleo. García Ortiz explicó que aquellas movilizaciones buscaban “superar una concepción de la discapacidad como un problema individual”.

La presentación abordó también el progresivo acercamiento entre organizaciones de distintos ámbitos de la discapacidad que desembocó en la creación del Cermi en 1997. García Ortiz destacó la importancia de “construir una voz común entre entidades diversas, sin que ello implique la ausencia de discrepancias”.

Durante el encuentro se puso asimismo el foco en el papel de las mujeres en la historia del movimiento. El autor destacó tanto el trabajo de las madres que impulsaron y sostuvieron numerosas asociaciones como el protagonismo de las mujeres con discapacidad en el activismo, que contribuyó a visibilizar situaciones de desigualdad y necesidades que habían permanecido ocultas.

Al trasladar la historia al momento actual, García Ortiz advirtió de que el reconocimiento legal de los derechos no garantiza por sí mismo su ejercicio efectivo. En este sentido, señaló que “reglamentos, interpretaciones y prácticas cotidianas pueden entrar en contradicción con derechos ya reconocidos”.

Por ello, defendió que el modelo social de la discapacidad “avance más allá del reconocimiento legislativo” y se incorpore al funcionamiento de las instituciones y al conjunto de la sociedad.

El investigador también apostó por mantener el vínculo entre la prestación de servicios y el activismo, así como el liderazgo de las propias personas con discapacidad, y defendió “reforzar la confluencia del movimiento respetando la diversidad de sus organizaciones”.