Así lo estableció el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprobaron medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.

El citado Real Decreto-ley modificó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 2011 para atribuir expresamente a estos tribunales el conocimiento de las controversias judiciales que dimanen de la Ley 39/2006, dejando definitivamente la jurisdicción contenciosa-administrativa, “más rígida, lenta y costosa”, señaló el Cermi.

“El paso de una jurisdicción a otra ha sido una demanda sostenida del Cermi, que pretendía subsanar la anomalía de que una cuestión eminentemente social (la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia) estuviera en un ámbito jurisdiccional impropio, como el contencioso, con los consiguientes perjuicios para los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en caso de tener que pleitear contra la Administración”, concluyó.