El departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy abrió el trámite de consulta previa para analizar la conveniencia, oportunidad y alcance de esta regulación, con la que se pretende “dotar de un marco legal a las profesiones vinculadas a los servicios sociales”, actualmente “sin normativa específica en España”.

El Cermi recordó que el sector social de la discapacidad viene reclamando desde hace años “una legislación de estas características” que permita “ordenar, clarificar y aportar seguridad jurídica a los distintos perfiles profesionales que desarrollan su labor en este ámbito”.

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad subrayó el “elevado impacto” que tienen estas profesiones en la provisión de recursos, servicios y apoyos dirigidos a las personas con discapacidad, lo que refuerza su interés en que esta iniciativa normativa “avance y se materialice”.

A su juicio, la futura ley contribuirá a “estructurar” un ámbito profesional que en la actualidad presenta, según indicó la entidad, “rasgos de ambigüedad, confusión e indefinición”, mejorando así la calidad de la atención y la eficacia del sistema de servicios sociales.