Así lo afirmó el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, durante el encuentro de familias organizado este sábado en Cádiz por Feproami, la federación que agrupa a las principales entidades de la discapacidad intelectual de la provincia y que forma parte del movimiento Plena inclusión.

Ante cerca de 150 personas procedentes de familias vinculadas a la federación gaditana, el presidente del Cermi pronunció la conferencia inaugural de este encuentro, centrado en el vigésimo aniversario del tratado internacional de derechos humanos, que se conmemora en este año 2026.

Pérez Bueno realizó una exploración histórica de los factores y determinantes políticos, sociales y filosóficos que desembocaron en 2006 en la adopción del primer tratado internacional de derechos humanos específico para las personas con discapacidad.

A continuación, expuso los impactos positivos que la Convención ha tenido en el marco legislativo y en las políticas públicas de España, subrayando "los cambios producidos en el ordenamiento jurídico español y en la orientación de la acción pública en materia de derechos de las personas con discapacidad".

El presidente del Cermi destacó también la relevancia de la Convención para el propio movimiento social de la discapacidad, que “debe asumirla con convicción y determinación, realizando una tarea proactiva de adaptación a sus principios, valores y mandatos en todos los ámbitos de su funcionamiento, gobernanza y prestación de servicios y apoyos. En este sentido, abogó por avanzar en una transición justa desde aquellos modelos que aún no sean plenamente inclusivos hacia una completa coherencia con el tratado internacional”.

Finalmente, Pérez Bueno enfatizó el enorme potencial que aún atesora la Convención para alimentar la agenda política de la discapacidad al menos durante las dos próximas décadas, con el horizonte puesto en alcanzar "un cumplimiento completo y efectivo del tratado internacional”.