El Cermi intervino en la mesa redonda dedicada a ‘Buenas prácticas y retos en la prevención de los delitos de odio en personas con discapacidad’, un espacio de diálogo y reflexión compartido con representantes de Fundación ONCE, UGT y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (Ondod), y moderado por responsables de ILUNION Seguridad.

Durante su intervención, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi Estatal, Gregorio Saravia, subrayó que 2026 es un año “especialmente significativo” para el movimiento de la discapacidad, al cumplirse veinte años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y un hito construido desde la sociedad civil de la discapacidad”.

Saravia señaló que uno de los principales retos actuales es “maximizar el papel de la Convención como marco esencial de protección y de consolidación de políticas públicas eficaces y sostenidas frente a los delitos de odio”, insistiendo en lo imperativo de “generar conocimiento y conciencia social” desde una perspectiva de dignidad, empoderamiento y derechos humanos.

Asimismo, el representante del Cermi alertó sobre las barreras persistentes para la denuncia y la investigación de estos delitos, la infradetección, especialmente en el entorno digital, y la urgencia de una respuesta institucional más contundente, coordinada e inclusiva. También destacó la importancia de “abordar de forma específica la intersección entre discapacidad y género”, dada la mayor vulnerabilidad de mujeres y niñas con discapacidad.

En este contexto, el Cermi llamó la atención sobre su reciente publicación ‘Discursos y delitos de odio hacia las personas con discapacidad’, una obra de referencia que ofrece un análisis jurídico y social integral sobre los factores estructurales y culturales que perpetúan la violencia y la discriminación, y que se presenta como “una herramienta clave” para operadores jurídicos, responsables públicos y entidades sociales.

Finalmente, el Cermi reiteró la necesidad de “seguir fortaleciendo la cooperación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las entidades del Tercer Sector de la discapacidad”, como vía imprescindible para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, segura y respetuosa con los derechos humanos de todas las personas.