En un documento de propuestas que el Cermi ha remitido al departamento que dirige Pablo Bustinduy, subraya, a la vista de los primeros borradores de la futura norma, "las cuestiones esenciales que, a juicio de la sociedad civil organizada, debería, contener el Real Decreto".

Así, como cuestión de técnica normativa, el Cermi planea "no derogar el Real Decreto 1056/2014, que regula la tarjeta de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida", sino únicamente "modificarlo para incorporar las nuevas materias de la Directiva, no contempladas en la norma nacional". De este modo, señala, "se preservaría así su contenido, y la competencia del Estado en esta cuestión, a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2017, de 2 de febrero".

Al mismo tiempo, reclaman que el Real Decreto de transposición "incluya un repertorio de esteras, ámbitos y actividades, no exhaustivo, solo indicativo, en los que es posible aplicar las ventajas y las condiciones especiales que otorga la tarjeta, para conocimiento y fácil asimilación de la persona con discapacidad potencialmente beneficiaria".

Y que "establezca expresamente como personas titulares de los derechos que otorga la tarjeta europea de discapacidad a aquellas que gozan por asimilación legal de la condición de discapacidad del 33%, de modo que no queden excluidas". Para ello, desde el Cermi consideran que "bastaría con determinar que el ámbito subjetivo del nuevo Real Decreto es el de todas las personas con discapacidad definidas en el artículo 4 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, sin distingos ni diferenciaciones".

GRATUIDAD

Asimismo plantean al ministerio "incorporar en la norma estatal la gratuidad de uso de las plazas de estacionamiento reservado reguladas por ordenanza municipal, en el caso de estar sometidas a tarifas, para los poseedores de la tarjeta europea de estacionamiento". Se trataría, defienden, "de asegurar la gratuidad de uso en todo el territorio nacional, como condición básica de igualdad".

Otra propuesta del Cermi en este sentido es que "se reconozca a las comunidades y ciudades autónomas "la potestad de ampliar el listado de esferas, ámbitos y actividades generales en las que existan ventajas o condiciones especiales para las personas titulares de la tarjeta europea de discapacidad, en uso de sus atribuciones específicas y en el ámbito de sus competencias".

Finalmente, el Coité reclama que se aproveche la nueva norma reglamentaria para modificar el Real Decreto 1052/2022 de Zonas de Bajas Emisiones, "para declarar expresamente que los titulares de la tarjeta europea de estacionamiento podrán acceder siempre y gratuitamente" a ellas en cualquier municipio de España, "con independencia de la calificación ambiental del vehículo que utilicen. Y plantean reclamar a las Administraciones Públicas que "habiliten sistemas tecnológicos de reconocimiento universal de la tarjeta para que el usuario no tenga que soportar cargas administrativas excesivas", como tener que dar de alta la matrícula en cada registro municipal de Zonas de Bajas Emisiones.