Pérez Bueno intervino ante la ponencia de la Cámara autonómica catalana encargada de la tramitación de una propuesta para elevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en materia de pensiones no contributivas de incapacidad. La comparecencia se produjo a solicitud de los grupos parlamentarios, dentro del procedimiento legislativo que permite recabar la opinión de entidades representativas, organizaciones sociales y personas expertas, con el fin de incorporar sus aportaciones al texto final de la iniciativa legislativa.

En su comparecencia, el presidente del Cermi trasladó el agradecimiento del movimiento social de la discapacidad al Parlamento de Cataluña por impulsar una iniciativa legislativa “necesaria y oportuna”, así como un reconocimiento especial al diputado Carles Campuzano por promover esta propuesta normativa. El Cermi ha advertido de que, de no actualizarse el marco legal vigente, existe un riesgo "cierto" de desaparición de las pensiones no contributivas de incapacidad y de jubilación, mediante su eventual integración en los sistemas de rentas mínimas, como el Ingreso Mínimo Vital. Alerta de que esta posibilidad supondría una pérdida objetiva de derechos para las personas con discapacidad, "que deben seguir contando con un instrumento de protección social específico y diferenciado".

La proposición de ley impulsada desde el Parlamento autonómico introduce mejoras sustanciales en aspectos esenciales del régimen jurídico de estas pensiones. Entre ellas, destaca la actualización de la terminología, sustituyendo el concepto de “invalidez” por el de “incapacidad”; el incremento significativo de la cuantía de las pensiones, vinculándolas al Salario Mínimo Interprofesional y a sus mecanismos de actualización; la ampliación de la compatibilidad con el empleo; el establecimiento de la capacidad económica personal como criterio de acceso, en lugar de la familiar o de la unidad de convivencia; y la declaración expresa de la exención de tributación en el IRPF.

El presidente del Cermi señáló que la reforma "permitiría corregir disfunciones generadas por el desajuste entre la Ley 8/2021 y la Ley General de la Seguridad Social en materia de reconocimiento del grado de discapacidad dentro del sistema de protección social". Asimismo, destacó que las pensiones no contributivas por incapacidad constituyen "una red básica de protección social para miles de personas con discapacidad que no han podido acceder al sistema contributivo y defendió que deben seguir existiendo como un instrumento específico y diferenciado", y no diluirse en otros sistemas de rentas mínimas.

"Gracias por impulsar una proposición de ley tan oportuna y tan importante para las personas más vulnerables. La regulación ha quedado desfasada y esta reforma resulta imprescindible. Si no se pone al día, existe un peligro cierto de desaparición de estas pensiones, lo que supondría una pérdida objetiva para las personas con discapacidad”, afirmó Pérez Bueno.

Sin embargo, insistió en que esta propuesta legislativa impulsada desde Cataluña corre el riesgo de quedarse solo en "una toma en consideración" si no llega a Madrid antes de que concluya la actual legislatura. Por ello, pidió el apoyo a los diputados catalanes a la iniciativa y urgió a que "se acelere su tramitación" en el Parlament.

Pérez Bueno puso el foco en "la insuficiencia económica de las actuales pensiones no contributivas", cuya cuantía anual ronda los 7.905 euros, una cifra que calificó de "absolutamente insuficiente", especialmente para las personas con grandes necesidades de apoyo.

SISTEMA DE DERECHOS Y AUTONOMÍA PERSONAL

Por su parte, la representante del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) Ingrid de la Rosa expresó el respaldo claro y explícito de la entidad que encabeza a la iniciativa legislativa y agradeció el impulso de los grupos parlamentarios que han promovido la ponencia:."Esta proposición de ley avanza en la dirección correcta y permite pasar de un modelo asistencial y familiarista a un sistema de derechos y de autonomía personal". "La reforma no se limita a mejorar las prestaciones económicas, sino que reconoce a la persona con discapacidad como sujeto de derechos", celebró De la Rosa, quien añadió que el texto propuesto "no solo habla de dinero, sino de que las personas con discapacidad puedan decidir cómo quieren vivir". Además, recomendó "una visión más integral de la discapacidad dentro del sistema de Seguridad Social".

La presidenta del Cocarmi puso en valor la importancia de incorporar la perspectiva de género en la nueva regulación. Advirtió que "las mujeres con discapacidad han sufrido históricamente menores oportunidades de acceso al empleo, lo que se traduce en trayectorias laborales más cortas, menor cotización y mayor riesgo de pobreza". "Incorporar la perspectiva de género es imprescindible para no discriminar a las mujeres con discapacidad", afirmó. Además, reclamó "mecanismos de evaluación periódica de la norma y medidas específicas para colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia de género o las familias monomarentales".

De la Rosa defendió que los sistemas de valoración "no penalicen situaciones de discapacidad fluctuante, que se eviten revisiones a la baja automáticas a partir de determinada edad y que se mejore la formación de las personas evaluadoras para evitar infravaloraciones". Por último, la representante del Cocarmi insistió en que las prestaciones no contributivas deben ser compatibles con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital, al tratarse de "instrumentos con objetivos distintos". "Las prestaciones deben actualizarse de forma permanente y ser suficientes tanto en cuantía como en compatibilidad", concluyó.

POBREZA Y TERRITORIALIDAD

La diputada de Junts Mònica Padrós expresó "su preocupación por la cronificación de las situaciones de pobreza" y defendió que "el debate debe centrarse en garantizar el poder adquisitivo real de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta las diferencias territoriales".

Por parte del Partido Popular, la diputada Lorena Roldán valoró positivamente la participación activa de las entidades representativas y aseguró que su grupo comparte "la preocupación por avanzar en autonomía e inclusión social". "Es necesario flexibilizar los requisitos, aumentar la cuantía y evitar discriminaciones entre quienes han cotizado y quienes no han podido hacerlo", señaló. Intervinieron también la diputada Laia Estrada Castillejo, de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), y la diputada Silvia Ríos, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), quienes coincidieron en la necesidad de garantizar "la suficiencia y compatibilidad de las prestaciones".

Pérez Bueno se mostró de acuerdo en tener en cuenta las realidades territoriales, aunque apuntó que esta cuestión debería abordarse de forma global en el sistema de pensiones y en el marco del Pacto de Toledo. También recordó que las comunidades autónomas pueden complementar las pensiones no contributivas, como ya ocurre en algunos territorios como Andalucía, una posibilidad "avalada por el Tribunal Constitucional".