Así lo trasladó la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, quien se comprometió a acelerar la tramitación de esta norma durante una reunión celebrada entre la Secretaría de Estado, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y una delegación del Cermi, tal y como precisó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en un comunicado.

El encuentro tuvo como objetivo repasar los principales asuntos de la agenda política de la discapacidad que guardan relación con las competencias del Ministerio que dirige Óscar Puente.

Durante la reunión, Función Pública confirmó su “voluntad” de “culminar” la aprobación del nuevo real decreto en el transcurso de 2026, según el Cermi, que explicó que esta norma se viene trabajando desde meses atrás y ya fue objeto de consulta pública previa.

“El siguiente paso será la apertura del trámite de audiencia pública una vez se disponga de un texto articulado, proceso que se prevé desarrollar en los meses inmediatos”, abundó.

Las tres partes implicadas en la elaboración del nuevo real decreto, esto es la Secretaría de Estado de Función Pública, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Cermi, han alcanzado ya un “elevado nivel de acuerdo” sobre los contenidos de la futura regulación, que debe contar también con la opinión y las propuestas de las organizaciones sindicales del empleo público.

El nuevo real decreto sustituirá al actualmente vigente, aprobado en 2004, que supuso en su momento un “avance decisivo” en el camino a una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad en el empleo público.

“No obstante, tras más de dos décadas de aplicación, esta norma ha quedado desfasada en algunos de sus aspectos y requiere una actualización integral que permita adaptarla a los nuevos enfoques de derechos, igualdad de oportunidades y accesibilidad”, reivindicó el Cermi.