Durante el encuentro, el vicepresidente de Impulso Territorial de la Plataforma del Tercer Sector y representante del Cermi Región de Murcia, Pedro Martínez, expuso las principales líneas de trabajo del sector en el ámbito territorial, destacando la coordinación permanente entre plataformas autonómicas.

En este contexto, se identificaron tres ámbitos prioritarios: la sostenibilidad económica de las entidades sociales, las desigualdades en la gestión del 0,7% del IRPF entre comunidades autónomas y el seguimiento de los programas estatales de apoyo.

Entre las iniciativas en marcha, se encuentra la preparación de una ponencia en el Senado para impulsar una reforma del actual sistema de financiación del Tercer Sector, que, según el Cermi, adolece de falta de estabilidad, escasa plurianualidad y un exceso de concurrencia competitiva frente a modelos más garantistas como los conciertos sociales. Asimismo, se trabaja en la creación de un observatorio estatal sobre el 0,7% del IRPF, con el objetivo de “corregir desigualdades territoriales y asegurar que estos fondos cumplan su finalidad social”.

Durante la Conferencia también se abordaron otras cuestiones como la renovación de los contratos programa de los Cermis autonómicos con el Cermi estatal y se presentó el libro ‘Historia del Movimiento Social de la Discapacidad en España’, de Manuel García Ortiz, promovido por la organización.

En el apartado de experiencias destacadas, el Cermi Comunidad Valenciana expuso el balance del ‘Fondo Unespa/Cermi CV’, que en su primer año ha superado los 446.000 euros ejecutados, mejorando la respuesta a las necesidades derivadas de las inundaciones de 2025 en Valencia.

Por su parte, el Cermi Castilla-La Mancha presentó un programa de microcredenciales universitarias, desarrollado en colaboración con la universidad regional y financiado con fondos europeos, que ofrece formación accesible en ámbitos como la gestión estratégica, la sostenibilidad financiera o el empleo con apoyo.

De cara al futuro, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, analizó el impacto de la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que reconocerá a los centros especiales de empleo de iniciativa social como “parte de este modelo”, reforzando la dimensión social del emprendimiento económico.