El ministro de Defensa, Eduardo Serra, defendió ayer en el Congreso la actuación desarrollada por el CESID en la sede de HB en Vitoria y afirmó que, desde el punto vista jurídco, "existe una duda razonable" acerca de los medios utilizados para investigar a la coalición "abertzale".

El portavoz de JpD, José Antonio Alonso, aseguró hoy a Servimedia que toda cuestión relacionada con las escuchas telefónicas está "clarísimamente" recogida en la Constitución, por lo que rechazó que existan lagunas legales en este ámbito.

Explicó que tanto la inviolabilidad del domicilio como el secreto de la comunicación son derechos fundamentales, los cuales no pueden ser limitados sin un habilitación judicial expresa. "Para que tu teléfono pueda ser pinchado, tiene que haber un auto del juez que diga que eso se puede hacer, y se hace siempre bajo control judicial", dijo.

A su juicio, cualquier reforma legal que quiera regular de una manera más precisa las escuchas telefónicas deberá respetar las garantías que exige la Constitución para los derechos fundamentales.

En la misma línea de Alonso se pronunció también la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, María Tardón, par quien existe en la actualidad una normativa jurídica muy restrictiva que regula las escuchas telefónicas practicadas por los servicios secretos.

Tras advertir que "otra cosa es que se pretenda que haya aspectos que deban ser regulados específicamente", Tardón recordó que cualquier actuación que necesite una escucha telefónica requiere de una resolución judicial previa.

SERVICIOS SECRETOS

Sin embargo, el portavoz de la APM, José Luis Requero, matizó que, aunque la Constitución y la Ley de Enjuiiamiento Criminal normalizan claramente los procedimientos para realizar escuchas telefónicas, existen lagunas legales en relación con las actividades que realizan los servicios secretos.

En este sentido, aclaró que las actividades de estos servicios no tienen por qué estar ligadas necesariamente a la averiguación de hechos delictivos, de lo que ya se encargan la policía y la Guardia Civil, sino que su actuación consiste en la obtención de información útil para el país.

Agregó que mientras no se efina la naturaleza de los servicios secretos y se regulen las actividades de los mismos, éstas continuarán teniendo una apariencia de ilegalidad, como afirmó ayer Eduardo Serra en su comparencia del Congreso.