En su auto, el instructor afirma que los policías que desempeñan las tareas de escolta a la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudarla a fugarse de España. Tal afirmación ha generado una oleada de críticas, empezando por las de los sindicatos policiales.

La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, convocó para la mañana del domingo una reunión telemática de la comisión permanente del CGPJ con el objetivo de lograr un acuerdo para ordenar a la autoridad disciplinaria la apertura de expediente al magistrado por esas afirmaciones. Sin embargo, la reunión quedó aplazada hasta este lunes con carácter presencial.

Fuentes del Consejo indicaron que Perelló someterá a la comisión permanente una propuesta para “ordenar” al Promotor de la Acción Disciplinaria la apertura de un expediente disciplinario al magistrado Juan Carlos Peinado por si las acusaciones que vierten en su auto del pasado día 20 pudieran “ser constitutivas de una infracción” de las recogidas en el “artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Esa normativa tiene que ver con el “exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los superiores, iguales o inferiores en el orden jerárquico, de los miembros del Ministerio Fiscal, de los abogados, procuradores, secretarios judiciales y de cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento”.

Los hechos que encajen en esos supuestos serán considerados “una falta grave” castigada con sanciones que van desde la imposición de una multa de 6.000 euros al traslado forzoso, la suspensión durante de tres años o, incluso, la expulsión de la carrera. Aunque el juez Peinado fuera sancionado, la aplicación del correctivo no tendría efectos prácticos puesto que deberá jubilarse de manera obligatoria el próximo 27 de septiembre al cumplir los 72 años.

El mismo sábado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presentó una queja a la presidenta del CGPJ por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y de sus superiores jerárquicos, de los que sugiere que podrían “dictar órdenes ilegales”, según el juez. También han pedido una rectificación los representantes del sindicato policial Jupol, que suele mantener posturas críticas con el Gobierno.

No son las primeras quejas que se presentan contra el juez Peinado, que acumula cuatro anteriores. La autoridad disciplinaria del Consejo propuso hace pocas semanas su archivo, pero la decisión aún no está formalmente tomada por la comisión parmanenete formada por cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta que tiene voto de calidad en caso de empate.