Añade que si, a pesar de ello, fuesen citados con ese objeto a una comisión de investigación, la Comisión Permanente denegará la autorización de comisiones de servicios a los integrantes del Poder Judicial para que comparezcan.

El acuerdo indica que en las últimas semanas “se han repetido las declaraciones y comunicados de este Consejo, a través de la Comisión Permanente, su presidente y de sus vocales, así como las del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales, los Jueces Decanos y numerosas instituciones públicas y privadas alertando de los riesgos que para la independencia judicial pudiera suponer que las comisiones de investigación recientemente constituidas en el Congreso de los Diputados pudieran acordar la comparecencia ante ellas de miembros de la Carrera Judicial a fin de que declaren sobre asuntos de los que conozcan o hayan conocido en el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Pese a ello, añade el texto aprobado, destacados portavoces de los grupos parlamentarios que han promovido la constitución de las comisiones de investigación, como Junts, insisten en que se recabe la comparecencia en ellas de jueces y magistrados.

Por este motivo, el Pleno del CGPJ considera necesario pronunciarse de nuevo al respecto para manifestar, “en primer lugar y sin reserva alguna, el absoluto respeto de este órgano constitucional a la autonomía de las Cámaras que forman las Cortes Generales para que creen cuantas comisiones de esa naturaleza estimen conveniente al amparo del artículo 76 de la Constitución (CE) a fin de esclarecer los hechos acaecidos sobre los asuntos objeto de las mismas con el propósito de exigir, en su caso, la responsabilidad política gubernamental que proceda”.

Pero “con la misma claridad y firmeza” debe “garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial. Por ello y por imperativo del propio artículo 76 de la Constitución, en conjunción con el artículo 117 y los artículos 396 y 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha de quedar constancia de que dichas comisiones parlamentarias carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

Los jueces y magistrados, dice la declaración aprobada, están “plenamente sometidos a la Constitución y a las leyes y sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en los supuestos tipificados como infracciones o delitos, respectivamente”.

Ahora bien, la exigencia de la primera corresponde en exclusiva a este Consejo por mandato del artículo 122 de la Constitución y, la segunda, a los órganos judiciales servidos por “jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Unas condiciones que “no reúnen los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación” pues su función es política y sólo pueden exigir responsabilidades de esa naturaleza.

Por eso, el Consejo advierte que en caso de los jueces y magistrados fueran llamados a declarar ante las repetidas comisiones de investigación sobre asuntos en los que hayan o estén interviniendo en su condición de tales, “no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto, no deberán comparecer en ellas y el Consejo General del Poder Judicial tampoco autorizará comisiones de servicios por tal motivo”.

Finalmente, el CGPJ recuerda que “cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo ha de completarse con el llamamiento a que se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional en la que nos encontramos cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable”.

En consecuencia, el Consejo pide a las Cortes que se abstengan de citar a jueces y magistrados a las comisiones de investigación. Además, advierte que ninguno de ellos podrá “revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional”.