La Comisión Permanente aprobó un comunicado en el que “muestra su preocupación” por la situación generada como consecuencia de la resolución de 29 de junio de 2026 del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la que se deniega la autorización económica de múltiples medidas de apoyo y refuerzo solicitadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial.

Según explica el escrito, la resolución del Ministerio fue dictada y notificada al Consejo la víspera de la fecha en que estas medidas debían ser aprobadas o prorrogadas, el 30 de junio de 2026.

“Esta circunstancia”, añadió, “ha impedido al Consejo General del Poder Judicial proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias, a fin de tratar de paliar los perjuicios que provocará esta decisión”.

Entre esas consecuencias, el CGPJ estima que se “obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores”.