Ollero ijo ayer que el prestigio de los jueces y tribunales se ve menoscabado por el sistema de elección de sus órganos de dirección a cargo del Parlamento, lo que povoca, a su juicio, que los magistrados designados por los partidos acaben marcados con la etiqueta del grupo que les nombró.

"Hemos oido con estupor las declaraciones del señor Ollero que se ha permitido dudar de la imparcialidad e independencia de los miembros de una sala del Tribunal Supremo y nosotros le presguntamos al señor Aznar: ¿está de cuerdo con lo que dice el señor Ollero, le apoya usted o está dispuesto a obligarle a rectificar?. ¿Cree que no son independientes e imparciales los jueces del Tribunal Supremo?. Si eso es así, significa que la propuesta de pacto sobre la justicia es una simple operación de imagen", dijo Caldera.

En su opinión, una acusación tan grave requiere pedir disculpas y por ello "pedimos formalmente al presidente que ratifique o desautorice la posición de su grupo parlamentario".

Sobre las polémicas declaaciones de Julio Anguita en cuanto a la actuación del magistrado José Augusto de Vega, el portavoz socialista insistió en pedir una rectificación por el "grave error cometido" que "no contribuye a mejorar las posiciones políticas de IU".

"El señor Anguita", dijo, "debería ser consciente de que esta no es su estrategia, es la estrategia de otros que mueven los hilos, tiran la piedra y esconden la mano. A nosotros nos duele que el señor Anguita sea un elemento de esa representación".

Esta situaciónde tirantez entre distintos grupos políticos por su percepción del funcionamiento de la justicia no favorece, en opinión de los socialistas, el diálogo sobre un posible acuerdo para la reforma de la justicia.

Caldera informó también de la disposición de su grupo para intentar que se debata en pleno lo antes posible la eventual reducción de la desviación del IPC real sobre las previsiones del Gobierno para las pensiones.

En la Junta de Portavoces celebrada hoy en el Congreso el Gobierno ha expresao su intención de agotar el plazo de 30 días antes de admitir a trámite la proposición de ley del PSOE que propone renunciar a la reducción de la desviación. Por su parte, lo socialistas han pedido al Gobierno que reconsidere esta actitud y permita el debate en el primer pleno del Congreso previsto para el próximo día 16.