El Círculo reclama el despido para quienes participen en huelgas ilegales, la exigencia de votación secreta para convocar el paro, más restricciones a la actuación de los piquetes y la participación de los empresarios en la fijación de los servicios mínimos.

El documento remitido por el Círculo a los senadores advierte que el texto actual "no sólo nova a resolver ninguno de los problemas que motivaron su elaboración, sino que va a crear otros más graves, como son sacrificar derechos e intereses de la mayoría, mientras se otorgan privilegios a minorías".

En particular, lamenta que se mantenga "la doctrina del Tribunal Constitucional en favor de los mal llamados 'piquetes informativos', a pesar de que su conducta 'de facto' compromete la libertad real de los trabajadores a sumarse o no a la huelga y puede alentar el desarrollo violento de la misma"

A su juicio, la ley da a UGT y CCOO "lo que en un Estado de Derecho está vedado a cualquier persona u organización: un estatuto jurídico que les permite situarse al margen del principio constitucional de igualdad ante la ley, porque les exime de cualquier responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos".

"Da la impresión de que en España se pretenden poner los cimientos legales para convertir a las organizaciones sindicales en una especie de Estado dentro del Estado. En consecuencia, la socedad española debe valorar si está dispuesta a asumir un modelo de relaciones laborales semejante al que llevó al Reino Unido a convertirse en 'el enfermo' de Europa".

Espinosa advierte a los senadores que "en una situación social y económica tan delicada como lo es hoy la española puede calificarse como una grave irresponsabilidad dictar una norma que, lejos de aplicar y, en caso necesario, de reprimir, establece las bases para el fomento de la conflictividad social".

"La paz social", agrega, "n puede alcanzarse con una Ley de Huelga que puede convertirse en un instrumento de chantaje permanente de quienes ostentan el monopolio de su convocatoria".

La ley, según el Círculo, convierte a los empresarios "en simples gestores de una compañía que no pueden contorlar ni tienen la libertad de dirigir o gestionar, sujetos a la voluntad de los huelguistas".

Además, entiende que "prohibir el cierre patronal implica eliminar cualquier mecanismo de defensa con que el empresario cuenta, no sólo frene a los posibles daños sobre los bienes y las personas, sino para evitar que los efectos de la huelga sean desproporcionados o exorbitantes para la empresa".

Finalmente, el Círculo expresa su confianza en que "su paso por el Senado sirva para recuperar el pulso de la racionalidad y de la equidad. Perder ambas cosas, en un asunto de tanta trascendencia social y económica puede llegar a causar graves daños a la paz social y al desarrollo económico de España. Gobernar no es ceder, sino velar por los inteeses generales de la colectividad".