El informe, según CiU, deberá tener en cuenta las distintas modalidades de discapacidades y las realidades socio-económicas de cada comunidad autónoma, con el fin de orientar mejor las políticas dirigidas a apoyar a las personas con discapacidad.

El portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, denuncia el agravio económico comparativo al que deben hacer frente las personas con discapacidad por el hecho de encontrarse en esta situación, dado que deben realizar un sobreesfuerzo en términos económicos para llevar una vida estándar.

Dicho sobreesfuerzo, señala Campuzano, depende del nivel de costes y gastos que debe soportar este colectivo y, asimismo, de las prestaciones, ayudas y deducciones de las que disponen, y se estima que representa, según un estudio, un valor medio anual de 27.389 euros, importe con el que, en opinión del parlamentario catalán, se pueden desarrollar políticas generales que afecten a toda la población con discapacidad global.

En concreto, Campuzano se refiere al estudio elaborado recientemente por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona sobre el agravio económico comparativo de vivir con una discapacidad en dicha ciudad.

Dicho informe contempla un abanico de tipologías de discapacidad (física, intelectual, auditiva, visual y de enfermedad mental), e incorpora distintos perfiles de necesidad y considera una amplia gama de costes (atención personal, adicionales para la vida diaria, costes de oportunidad de los individuos y la familia, y el entorno de apoyo).

El estudio puntualiza que dicho agravio no es una valor estable para todos los perfiles, ya que varía en función de la discapacidad y la severidad de la misma, siendo más elevado para los grupos con discapacidad física, intelectual y de enfermedad mental, y menos elevado para los discapacitados visuales y auditivos.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que las mujeres con discapacidad sufren un sobrecoste mayor, además de ocuparse de las tareas del hogar sin reconocimiento, y percibir salarios menores respecto a los hombres con discapacidad.

Para Campuzano la "existencia del agravio económico comparativo incentiva a fortalecer las políticas públicas para la igualdad y la autonomía".