El regulador ha aprobado sendos informes sobre el anteproyecto de ley y el proyecto de real decreto que modifican la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) y su reglamento de desarrollo, que a su vez transponen la normativa comunitaria que reforma el marco europeo de solvencia.

La CNMC considera positiva la incorporación de un enfoque de proporcionalidad en la reforma, de modo que la normativa se adapte al tamaño y la importancia sistémica de las entidades aseguradoras. Destaca especialmente como beneficiosa la creación de la categoría de entidades pequeñas y no complejas.

Sin embargo, Competencia alerta de las desventajas competitivas que pueden generarse con unas exigencias que plantea el legislador español más duras que lo requerido por la normativa europea.

Asi, señala que mientras la directiva permite eximir a las entidades SNCU y a las cautivas (sociedades que cubren riesgos de su propio grupo) de auditar su balance de solvencia para ahorrar costes, la normativa española mantiene esta obligación.

Además, para las entidades que no son SNCU pero solicitan medidas de proporcionalidad individualizadas, la reforma prevé un silencio administrativo desestimatorio.

Asimismo, la norma española mantiene limitaciones que impiden a las mutualidades de previsión social fusionarse con entidades de distinta forma jurídica o expandirse fácilmente en la UE, lo que podría vulnerar el principio de neutralidad competitiva, a juicio de la CNMC.

Para garantizar un equilibrio real entre la estabilidad financiera y la competencia efectiva, la CNMC recomienda flexibilizar el régimen de las SNCU y cautivas, reconsiderar la obligatoriedad de la auditoría y ampliar el uso del silencio administrativo positivo, y reforzar la justificación de las medidas más estrictas adoptadas a nivel nacional para asegurar que no constituyan barreras de entrada innecesarias o desproporcionadas.