La norma elaborada por el Ministerio de Presidencia tiene como objetivo definir cómo se evalúan y declaran estos proyectos, tanto en una fase previa como definitiva, así como regular la estructura y funciones del Comité de Inversiones Estratégicas.

Los Proyectos Estratégicos de Inversión (PEI) son iniciativas que, por su relevancia económica, tecnológica o social, tienen un impacto significativo en el crecimiento, la competitividad o la transformación estructural de la economía. Entre ellos pueden incluirse grandes proyectos industriales, energéticos o de digitalización que impliquen inversiones relevantes y generación de empleo.

La CNMC propone una serie de recomendaciones para mejorar la claridad, coherencia y objetividad del sistema. Plantea concretar los criterios de la fase previa, incorporando parámetros objetivos o cuantificables, especialmente en conceptos como 'relevancia' o 'significatividad'. También defiende clarificar el alcance y peso relativo de los distintos criterios, para reducir discrecionalidad y asegurar que esta fase actúe como un filtro inicial claro y objetivo.

Competencia defiende que se incluya una valoración preliminar de la solvencia técnica de los promotores, en términos coherentes con la solvencia económica y financiera e integrar de forma coherente los supuestos con reconocimiento automático vinculados a la UE.

Otra mejora que solicita es delimitar el alcance de los proyectos de reconversión de sectores o empresas de relevancia, teniendo en cuenta su posible relación con la normativa de ayudas de Estado. La CNMC cree preciso también aprobar y publicar los baremos de manera obligatoria antes de su aplicación tanto en la fase de análisis de la declaración previa como en la de la declaración definitiva, para reforzar la transparencia, la previsibilidad y la objetividad en todo el proceso.

El Comité de Inversiones Estratégicas estará en funcionamiento tras el verano, según anunció la seman pasada en el Congreso el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, una vez que el decreto regulador reciba el visto bueno de los organismos consultivos.