El organismo supervisor se ha pronunciado en estos términos en un análisis solicitado por la Secretaría para la Unidad de Mercado sobre los obstáculos que existen en España a la instalación de estos cargadores, denunciados por la Asociación de Empresas para el Desarrollo e Impulso de Vehículo Eléctrico (Aedive).

La CNMC señala en su dictamen que reclamar una licencia o autorización previa vulnera el artículo 5 de la LGUM sobre proporcionalidad y límites de las actuaciones de las autoridades

competentes, y solo puede exigirse excepcionalmente cuando los enchufes se ubiquen en edificios considerados bienes de interés cultural o tienen una potencia superior a 3.000 kW.

Por ello, la CNMC sugiere demandar a las Administraciones públicas que ajusten sus actuaciones a la LGUM y a la regulación sectorial.