Según la CNMC, la normativa impone una serie de requisitos a las VTC que considera que afectan negativamente a la competencia entre los operadores de VTC y el taxi y que perjudica a los consumidores.

Para evitar la impugnación, en marzo de 2022, la Comisión envió al Ayuntamiento de Valencia un requerimiento para que procediese a derogar o dejar sin efecto los apartados de la Ordenanza de Movilidad ahora recurridos.

En concreto, el que exige precontratar los servicios de VTC con una antelación mínima de una hora, con la excepción de los que se deban prestar de forma inmediata como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera, o que se realicen al amparo de contratos de servicios a prestar a las administraciones públicas ubicadas en la Comunidad Valenciana.

Si bien la precontratación está prevista en la normativa estatal y autonómica, a juicio de la CNMC, el periodo de una hora es desproporcionado para los objetivos pretendidos (gestión de la movilidad interior y garantía de la precontratación).

Además critica que reduzca el atractivo de los servicios de VTC y que merme la competencia en el mercado global de taxis y VTC, en detrimento de los usuarios finales.

El otro artículo recurrido es el que obliga a que, cada vez que se sustituya un vehículo VTC, se haga por otro con la clasificación ambiental de Cero Emisiones, algo que no se pide para el taxi, que solo prevé la sustitución por un vehículo con la clasificación ambiental ECO.

La CNMC considera que la norma municipal puede afectar negativamente a la prestación del servicio de VTC por la menor variedad de modelos de vehículos para llevar a cabo la sustitución y por su posible sobreprecio.