Croissier, que intervino en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja a solicitud del Grupo Popular, dijo que la aplicación de la Ley del Mercado de Valores, que entró en vigor a finales de enero de 1989, ha demostrado que no están suficietemente penalizadas las actuaciones ilegales detectadas en las Bolsas.

La CNMV, según datos de su balance de 1990 adelantados por Croissier, impuso el año pasado 366 millones de pesetas en multas, en su mayoría por la adquisición irregular de acciones en el proceso de privatización parcial de Repsol.

Los expedientes abiertos por ese motivo condujeron a la imposición de sanciones de más de 324 millones de pesetas a un total de cuatro empresas. Su importe se repartió de la siguiente manera: Camino ur, 164.178.892 pesetas; Maxwell y Espinosa, 59.135.836 pesetas;Usera y Morenés, 33.260.360 pesetas; y Drexel, 68 millones de pesetas.

Con la normativa actual, la sanción máxima que puede establecer la CNMV es una multa equivalente a cinco veces el beneficio bruto obtenido con la operacion irregular. Cuando la ganancia no se haya concretado, la multa será del 5 por cien de los recursos propios, si el infractor es una entidad, y de 5 millones de pesetas, en los demás casos.

A preguntas del diputdo popular Blas Camacho, Luis Carlos Croissier aseguró que la inspección de la CNMV no ha descubierto nuevas infracciones en la colocación de acciones de Repsol, efectuada en la primavera de 1989, después de analizar operaciones por valor de 44.000 millones de pesetas.

Blas Camacho acusó al Estado, principal accionista de Repsol, de dejar escapar unos 150.000 millones de pesetas en concepto de plusvalías por la venta de los títulos de Repsol, al fijar un precio demasiado bajo.

En su opinión, los esponsables del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) debieron parar la colocación de los títulos en Bolsa y elevar el precio de salida, ante la avalancha de peticiones.

INCOMPATIBILIDADES

Por otra parte, Croissier dijo que, además de aumentar las multas, también es necesario reformar el actual sistema de incompatibilidades para ocupar cargos en las sociedades rectoras de las Bolsas.

Explicó que, actualmente, "existen casos en los que resulta díficil hacer determinados nombramientos cuando os posibles beneficiarios forman parte de los consejos de administración de sociedades intermediarias".

Croissier anunció que ya está ultimado el real de decreto que regulará la Sociedad de Compensación y Liquidación prevista en la Ley del Mercado de Valores, por lo que podría empezar a funcionar en enero de 1992.

En su opinión, la composición del capital de esta sociedad, que hará el seguimiento y control de las compensaciones y liquidaciones de operaciones bursátiles, debería reflejar el actualvolumen de participación de las instituciones financieras en este área del mercado.

"Los bancos y cajas", agregó, "realizan actualmente el 75 por ciento de estas operaciones, por lo que sería razonable que también tuvieran una presencia destacada en la futura sociedad".

MERCADO CONTINUO

Respecto al balance de la CNMV en 1990, Croissier destacó también la incorporación al mercado continuo de 116 sociedades, y la "alta rentabilidad" demostrada por el sector de pequeñas agencias de valores. Estas gencias, que tienen entre 10 y 15 empleados, tuvieron unos excedentes de liquidez de 53.000 millones de pesetas.

Añadió que en 1990, la Comisión tramitó veinte ofertas públicas de adquisición de acciones (Opas). "De su estudio se ha deducido -señaló- que existen aspectos que pueden escapar a nuestro control, por lo que hemos hecho un real decreto sobre Opas que está pendiente del dictamen del Consejo de Estado".

Apuntó como otro logro del mercado en 1990, el incremento del 88 por ciento de los fodos de inversión colectiva, aspecto que, en su opinión, aporta una extraordinaria liquidez a las Bolsas, permitiéndoles superar momentos tensos como el de la crisis del Golfo con una considerable tranquilidad.