La CNSE recuerdó en un comunicado que en España hay más de 1.200.000 personas sordas cuyo acceso real a derechos fundamentales "continúa encontrando barreras en ámbitos como la educación, el empleo, la sanidad, la comunicación o la información", y subrayó que “la accesibilidad sigue marcando la diferencia entre tener derechos o poder ejercerlos”.

El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, señaló que esta desigualdad estructural exige "respuestas urgentes" y adviertió de que muchos estudiantes sordos "no alcanzan niveles educativos comparables al resto por falta de recursos, intérpretes y modelos docentes efectivos como especialistas en lengua de signos, lo que puede derivar en mayores tasas de desempleo y precariedad laboral “no por falta de talento, sino por entornos que no están preparados para incluir”.

Asimismo, apuntó que otra barrera persistente en empresas y administraciones públicas es "el desconocimiento sobre las capacidades de las personas sordas y la ausencia de ajustes razonables" y defendió que “ser una persona sorda no debería implicar más obstáculos ni más esfuerzo”.

En este contexto, la CNSE puso en valor iniciativas impulsadas en estas nueve décadas como ‘SVIsual’, el primer sistema estatal de videointerpretación en lengua de signos; ‘ALBA’, primera plataforma para mujeres sordas víctimas de violencia; ‘vidAsor’, servicio de videoasistencia y acompañamiento para mayores sordos; la Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas; o la Red Emplea, destinada a conectar talento sordo y empresas para favorecer un empleo digno, según detalló la entidad.

Finalmente, reclamó una mayor presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos, más participación de las personas sordas en espacios de decisión y el codiseño de políticas públicas, defendiendo que “un país accesible no se imagina: se construye” y que la inclusión es también “una oportunidad que nos beneficia a todas y todos".