El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, calificó la decisión de RTVE como un “caso especialmente grave de exclusión”, al privar a la comunidad sorda de su derecho a recibir información en igualdad de condiciones. Subrayó que “no se trata de un problema menor”, ya que las emisiones de la cadena son financiadas con fondos públicos y difunden información política que afecta al conjunto de la ciudadanía. “Dejar de lado a las personas sordas es discriminatorio e injustificado”, afirmó el representante, quien lamentó la situación.

La CNSE recordó que esta práctica no es nueva y que en anteriores ocasiones RTVE ha relegado la interpretación en lengua de signos a formatos alternativos, como su plataforma HbbTV, dejando fuera a quienes solo acceden a la televisión convencional. “La lengua de signos no puede ser una opción secundaria. Es un derecho, y los derechos ni se cuestionan ni se negocian”, advirtió la confederación.

Asimismo, Suárez recalcó que la obligación legal de RTVE está respaldada por la Ley 27/2007, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A su juicio, su incumplimiento supone “un déficit democrático que afecta a la participación política, los derechos lingüísticos y las libertades” de las personas sordas.

Por ello, la CNSE exigió la inclusión inmediata y estable de la lengua de signos en todas las comparecencias institucionales emitidas en directo, así como la creación de protocolos transparentes que eviten decisiones arbitrarias en materia de accesibilidad. También reclamó la intervención de los órganos reguladores para supervisar el cumplimiento de las obligaciones del servicio público. “Un servicio financiado por toda la ciudadanía debe garantizar el acceso informativo a todas las personas, sin excepción”, concluyó Suárez.