No obstante, Suárez reclamó en declaraciones a Servimedia que la norma aprobada por el Gobierno “sea ambiciosa” en cuanto a la imposición de mayores exigencias para el servicio de emergencias telefónicas 112, con previsiones como un régimen sancionador o menores plazos para su aplicación.

“Esperamos que este proyecto de ley vea la luz cuanto antes y que sea ambicioso, en el sentido de que contribuya a implementar, de una vez, todo lo que hasta ahora no se ha hecho o ha sido fruto de la buena voluntad”, demandó Suárez.

A su juicio, esta debe ser “una norma afín con el espíritu de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contemple la universalidad y la plena accesibilidad del 112”, por lo que ha de prestar atención directa en lengua de signos y a través de textos escritos.

Suárez expresó su “preocupación” ante “la laxitud en los plazos de cumplimiento” que la directiva europea plantea, ya que la fecha límite para que los Estados miembros garanticen la accesibilidad plena en la respuesta a las comunicaciones a través del número único 112 es 2027.

“Esperamos que el Gobierno español se adelante a este plazo, y también que asocie a esta futura ley un régimen sancionador en caso de que no se cumplan sus previsiones”. “Lo que está en juego es la seguridad y la integridad de las personas sordas”, concluyó.