El acto se celebró en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que respalda institucionalmente este documento orientado a “eliminar las barreras” que dificultan el acceso de las familias con miembros sordos a servicios esenciales como la educación, la sanidad o la protección social.

El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, explicó que este protocolo nace del movimiento asociativo de personas sordas y de sus familias con el objetivo de “garantizar la accesibilidad universal a los derechos lingüísticos”. Según señaló, el documento pretende servir de “referencia para que las administraciones públicas y los profesionales dispongan de una hoja de ruta” que permita “mejorar la atención a este colectivo desde el primer momento en que una familia descubre que uno de sus miembros es sordo”.

Suárez destacó que el concepto de familia es “amplio e incluye tanto el núcleo familiar como otros entornos de cuidado”, como las familias de acogida o el entorno cercano, todos ellos con derecho a “recibir información clara, completa y precisa”. En este sentido, subrayó que las familias deben contar con apoyo y recursos desde el primer momento para “poder tomar decisiones informadas sobre el desarrollo y la educación de sus hijos e hijas”.

"MÁRGENES DE MEJORA"

Asimismo, advirtió de que todavía existen “importantes márgenes de mejora en la atención a estas familias” y defendió la necesidad de visibilizar sus necesidades para avanzar hacia políticas públicas más inclusivas. “La atención inclusiva implica una atención de calidad”, señaló, al tiempo que explicó que el protocolo se ha concebido como “un modelo de evaluación y protección que permita realizar un seguimiento continuo de las familias y de los recursos que reciben”.

El presidente de la CNSE también recordó que este año se cumplen dos décadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un marco internacional que “reconoce el derecho de las personas sordas a acceder plenamente a la comunicación y a la lengua de signos”. En este sentido, insistió en la importancia de “evitar la privación lingüística durante la infancia y garantizar que todos los niños y niñas sordos puedan desarrollar su lengua natural desde edades tempranas”.

“Las familias necesitan apoyo y necesitan saber que no están solas”, afirmó Suárez, quien aseguró que el objetivo último de esta iniciativa es “contribuir a construir una sociedad más justa” en la que las personas sordas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

Durante la presentación también intervino la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, quien reconoció que las familias con miembros sordos “se enfrentan todavía a numerosos retos y barreras” en su vida cotidiana. A su juicio, las propias familias son quienes “mejor conocen las necesidades y reivindicaciones del colectivo”, por lo que sus propuestas resultan “esenciales para avanzar hacia un acceso universal al lenguaje y a la comunicación”.

"DERECHO UNIVERSAL AL LENGUAJE"

Bezunartea explicó que este protocolo surge precisamente de la necesidad de “convertir en realidad el derecho universal al lenguaje” y garantizar que la comunicación sea “verdaderamente inclusiva”. Además, destacó que el documento aborda problemáticas como la falta de comprensión o el aislamiento que pueden experimentar algunas familias cuando “no cuentan con los recursos adecuados”.

La responsable del Ministerio subrayó también la importancia de impulsar herramientas específicas que “sirvan como referencia para otras entidades sociales y para las administraciones públicas”. En este sentido, recordó que el Gobierno trabaja actualmente en distintas iniciativas legislativas y políticas públicas destinadas a “mejorar la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias”, entre ellas la futura Ley de Familias y medidas dirigidas a reforzar la conciliación o el apoyo económico a la crianza.

Por su parte, la directora de Programas de Infancia de la Fundación ONCE, Ana Sastre, agradeció a la CNSE la oportunidad de participar en la elaboración del protocolo y destacó que se trata de “una herramienta necesaria para garantizar los derechos fundamentales de las personas sordas desde la infancia”. Según explicó, el acceso temprano a una lengua natural es “clave para el desarrollo lingüístico, pero también para el desarrollo social, emocional y educativo” de los niños y niñas sordos.

"ACTUACIONES CONCRETAS"

Sastre defendió que las políticas públicas solo alcanzan sus objetivos cuando se traducen en “actuaciones concretas”, y consideró que esta guía tiene un carácter transformador al trasladar los derechos reconocidos en la normativa a medidas prácticas que pueden “aplicarse en la atención diaria a las familias”.

En la presentación técnica del documento, la responsable del protocolo, Lucía Espejo, explicó que la herramienta pretende “garantizar que todas las familias con miembros sordos reciban una atención de calidad y en igualdad de condiciones”, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones y necesidades que pueden existir.

Según detalló, el protocolo se basa en un marco normativo sólido y no pretende ser únicamente una recopilación de buenas prácticas, sino un “instrumento que permita aplicar en la práctica los derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional”.

Entre sus principales líneas de actuación se incluye una atención individualizada, que tenga en cuenta que cada familia es diferente y que, por tanto, no puede abordarse con soluciones uniformes. Asimismo, el documento insiste en la importancia de que las propias familias participen activamente en el proceso de atención y toma de decisiones, en lugar de “dejarlo exclusivamente en manos de los profesionales”.