Según la CNMC, esta norma podría “perjudicar a consumidores y operadores, especialmente a los de rentas más bajas, así como a distribuidores y exportadores”.

COAG indicó en un comunicado que estas afirmaciones desvirtúan el verdadero objetivo de la medida y "revelan la alineación del organismo con los intereses de la industria y del comercio frente a productores y consumidores".

El responsable estatal de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila, consideró que con este posicionamiento, el regulador deja en evidencia "a quién sirve realmente". "Se trata de un organismo público que debería velar por la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado. Con este comunicado, no sólo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva”.

La medida de retirada de aceite está contemplada tanto en la normativa comunitaria como en la nacional (Real Decreto 84/2021), que se desarrollará con la nueva norma, y se activará únicamente en situaciones de sobreoferta, cuando el volumen de existencias iniciales más la producción alcance al menos el 120% de la media de las seis campañas anteriores, y sin que la retirada supere el 20% de la producción estimada.

Desde COAG se destaca que el objetivo no es encarecer el producto, como sostiene la CNMC, sino dotar de estabilidad al mercado, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores.

COAG denuncia además que la CNMC nunca se pronuncia ni actúa frente a los desorbitados márgenes comerciales que se dan en el mercado, agravados en los últimos años. Cada mes, el Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) elaborado por COAG muestra diferenciales de más de un 500% entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el lineal.

“Es vergonzoso que la CNMC arremeta contra una norma necesaria y beneficiosa, mientras guarda silencio ante los abusos que sí perjudican directamente a los consumidores. Con su postura, este organismo se quita la careta y evidencia que defiende intereses ajenos al bien común”, concluyó Ávila.