Fuentes de la organización explicaron hoy que la propuesta aceptada supone "un gravísimo precedente, al obligar a los productores a cofinanciar la gestión de mercado y el mantenimiento de renta, lo que supone una violación del principio de solidaridad financiera".

COAG considera que la aplicación de esta medida obligará a una reconversión "brutal" en el sector, y señala que es "humillante" que siga sin resolverse "la discriminación que paecen las producciones típicamente españolas desde nuestra adhesión en 1986".

Por todo ello, concluye que las promesas de De Palacio sólo han servido "para crear falsas ilusiones en el sector, que se ha visto embaucado por lo que luego ha resultado ser una campaña de marketing".

COAG no descarta "una reacción social fuerte ante esta nueva cesión en contra de los intereses de nuestros horticultores y fruticultores, que ya están bastante alterados".

Por su parte, la ministra de Agricultura, Loyla de Palacio, contestó a las acusaciones realizadas desde loa COAG manifestando que "se demuestra así que no se han leído a fondo el acuerdo firmado y no se dan cuenta que las cuestiones esenciales se han cumplido, con lo que eso significa para España". También dijo que no teme las movilizaciones que dicha organización agraria prevé realizar.