Así lo indicó la confederación en un comunicado en el que aseguró que las reclamaciones presentadas por los ciudadanos frente a esas evaluaciones a la baja rara vez mejoran las resoluciones: solo el 11% logra un incremento del grado reconocido. Por contra, las reducciones de grado aumentaron del 6% al 13% en los últimos años, "lo que podría desincentivar el uso de este mecanismo por percibirse como sistema penalizador".

Los datos revelados por el informe parcial 'Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades, ponen de manifiesto también que "persisten graves problemas estructurales que afectan a la calidad, la consistencia y la correcta aplicación de la normativa", aseveraron desde Cocemfe.

El estudio refleja una tendencia sostenida a la baja en los grados de discapacidad reconocidos desde la entrada en vigor del baremo. El porcentaje de personas con una valoración inferior al 33% ha aumentado del 33% al 40%, lo que, según Cocemfe, limita el acceso a derechos, prestaciones y apoyos esenciales.

Asimismo, las resoluciones definitivas han descendido del 79% al 69%, lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión, generando incertidumbre e insatisfacción entre las personas valoradas, afirmaron desde la Confederación.

DESIGUALDADES TERRITORIALES

Además, según el informe, el 48% de las personas valoradas con el baremo espera más de un año para recibir una resolución, con especial incidencia en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los datos correspondientes al anterior baremo, es decir, antes del 2023.

Desde Cocemfe alertaron, además, de que existen también desigualdades en la aplicación del baremo. "En comunidades como la Valenciana, menos de la mitad de las citas fueron presenciales, y hasta el 45% se resolvieron únicamente mediante informe facultativo, sin valoración directa, lo que genera desconfianza y percepciones de injusticia", explicaron.

El informe también evidencia que el 68% de las personas percibe que el equipo valorador no tiene conocimiento suficiente de su discapacidad, especialmente en patologías orgánicas o poco visibles, y que el 77% considera que no se tienen en cuenta las comorbilidades, lo que demuestra un déficit estructural en la formación de los equipos.

“El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente”, afirmó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.

Lejos de ser visto como una solución, desde Cocemfe aseguraron que el nuevo procedimiento está siendo percibido con "frustración, indefensión y desconfianza".

MEDIDAS URGENTES

Y es que las diferencias en el nivel de conformidad según la fecha de valoración son estadísticamente significativas para el 2025: antes del 20 de abril de 2023, el 67% de las personas se mostraban algo o totalmente inconformes con la valoración, mientras que después de esa fecha este porcentaje aumenta hasta el 74%. En particular, la proporción de personas totalmente inconformes crece de forma notable, pasando del 32% al 46%.

Ante estos datos, Cocemfe reclamó la adopción urgente de medidas que garanticen una aplicación objetiva y homogénea del baremo de discapacidad.

En concreto, pidió que se cumpla la ley reduciendo a un máximo de seis meses el tiempo desde la solicitud hasta que la persona es notificada con su correspondiente grado de discapacidad. Así mismo, desde Cocemfe reclamaron que se refuercen los equipos de valoración con profesionales formados en discapacidades físicas y orgánicas, y asegurar su carácter multidisciplinar.

Otra de las peticiones lanzadas por la Confederación fue homogeneizar los criterios entre comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales, garantizar la presencialidad y calidad de las valoraciones, "limitando las resoluciones basadas únicamente en informes facultativos y mejorar el sistema de reclamaciones para que realmente corrija resoluciones injustas". Del mismo modo, también reclamararon que se evalúe el impacto real del baremo en el acceso a derechos y apoyos, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.