La organización valoró que la reforma, que continuará ahora su tramitación en el Senado, incorpora reivindicaciones históricas del movimiento asociativo y adapta la legislación al nuevo artículo 49 de la Constitución y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre las principales novedades, Cocemfe destacó la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia, la ampliación del catálogo de apoyos para la vida independiente, el impulso de la asistencia personal, el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho, la incorporación de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal y la simplificación de los procedimientos administrativos para facilitar el acceso al sistema.

Asimismo, subrayó que la reforma reconoce la accesibilidad universal como “un derecho exigible” y refuerza la protección frente a la discriminación.

La confederación puso especial énfasis en la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, al considerar que facilitará la ejecución de obras de accesibilidad en los edificios de viviendas y contribuirá a garantizar “el derecho de las personas con discapacidad a permanecer en su hogar”.

En este sentido, recordó que la falta de accesibilidad continúa siendo una de “las principales barreras para la vida independiente”. Según sus datos, una de cada cuatro personas con discapacidad ha tenido que cambiar de vivienda por problemas de accesibilidad, unas 100.000 “no pueden salir nunca de casa” y alrededor de 1,8 millones “solo pueden hacerlo con ayuda de otra persona”.

Cocemfe también valoró positivamente el compromiso de incrementar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que prevé superar los 7.000 millones de euros en 2027, al entender que “permitirá reducir las listas de espera y mejorar la atención”.

El presidente de la confederación, Anxo Queiruga, afirmó que la reforma supone “un avance hacia un modelo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a decidir cómo quieren vivir y qué apoyos necesitan” para desarrollar su proyecto de vida. No obstante, insistió en que el verdadero desafío comienza ahora, ya que “será necesario desarrollar la norma con recursos suficientes, garantizar una aplicación homogénea en todas las comunidades autónomas y reforzar el sistema de dependencia” para que los nuevos derechos se traduzcan en “mejoras reales para las personas con discapacidad”.