La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana (Cocemfe CV) destacó que el Plan del Gobierno regional incluye el registro de personas con movilidad reducida (PMR) vinculado al empadronamiento municipal, una iniciativa reclamada por la ONG desde días después de la dana. De hecho, recordaron, la organización puso en marcha en colaboración con Cocemfe València un formulario con la finalidad de localizar a las personas con discapacidad afectadas, centralizar recursos y dar respuesta a sus necesidades ante la tragedia.

Ahora, este registro, pendiente de una modificación del artículo 57,2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, permitiría contar con un sistema de identificación con el que priorizar evacuaciones, realojos o intervenciones en situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre ayuntamientos, servicios sociales y protección civil, valoraron desde Cocemfe CV.

Asimismo, la Confederación destacó el conjunto de medidas orientadas a garantizar la accesibilidad vertical mediante la protección y modernización de ascensores, “un elemento clave para la autonomía personal que, ocho meses después de la dana sigue abocando a muchas personas con movilidad reducida al aislamiento domiciliario, dado que muchas de sus averías no se han resuelto”.

De esta manera, el plan prevé la instalación de baterías para mantener su funcionamiento ante cortes eléctricos, así como sistemas automáticos de elevación que eviten el anegamiento en caso de inundación.

Cocemfe CV destacó que la estrategia contempla la implantación de un sistema digital inteligente de seguimiento a pacientes crónicos y personas mayores en contextos de emergencia que permitirá una detección temprana de situaciones de riesgo, garantizando la continuidad asistencial sin sustituir el acompañamiento humano ni el criterio clínico profesional.

La organización celebró que el plan haya integrado la perspectiva de la discapacidad; sin embargo, reclamó que estas medidas “cuenten con recursos suficientes para garantizar su implantación y asegurar la participación del movimiento asociativo en el proceso”.

Según explicó el presidente de Cocemfe CV, Albert Marín, “no se puede permitir que, ante episodios futuros, las personas con discapacidad vuelvan a relegarse a un segundo plano, siendo que, junto a personas mayores y la infancia, suelen ser de los colectivos que enfrentan mayores dificultades por su especial vulnerabilidad. La respuesta ha de ser inclusiva y adecuada a todos los sectores de la sociedad que se vean afectados”.

En este sentido, la entidad recordó que la transversalidad de la discapacidad obliga a que, ante situaciones de emergencia, “la respuesta no pueda limitarse a medidas en el momento”. Por este motivo, desde la entidad de utilidad pública se señaló la importancia de desarrollar un programa de formación teórico-práctica sobre emergencias y discapacidad “que vaya más allá de la evacuación y abarque tanto la prevención, como la intervención y los momentos posteriores a la emergencia”. Esta formación debería dirigirse a técnicos de diferentes áreas de la administración pública, más allá del personal de emergencias.