Así lo han expuesto tras la reunión celebrada este martes por el Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de Cocemfe, donde se analizó la resolución provisional de la convocatoria del tramo estatal del 0,7 para 2026.

A dicha convocatoria se presenta Cocemfe junto con 26 entidades de ámbito estatal para realizar proyectos para la defensa de derechos y apoyo a personas con enfermedades como ELA (esclerosis lateral amiotrófica), personas trasplantadas, con esclerosis múltiple, niños y niñas con prótesis, personas con párkinson, fibrosis quística, espina bífida, lupus, acondroplasia, osteogénesis imperfecta, hemofilia, etc.

A pesar de que se han concedido 90 proyectos, 21 más que el año anterior, la financiación para su ejecución “se ha reducido un año más”, y sobre todo “ha caído la financiación media por cada proyecto”. Según la resolución provisional, solo se ha cubierto el 26,22% del importe solicitado por Cocemfe y sus entidades estatales, y la caída acumulada desde 2021 alcanza ya el 40,44%. Este modelo, basado en la atomización de los fondos, impide desarrollar programas completos, sostenidos y con impacto decisivo en la vida de las personas.

“Nos vemos en la obligación de fraccionar los proyectos, multiplicar la carga burocrática y desatender a muchas personas cuyas necesidades no cubren ni el Estado ni las comunidades autónomas”, denunció el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga. “Esto no va de estructuras, sino de derechos que están siendo vulnerados y de personas vulnerables que no están recibiendo los apoyos que necesitan”.

Esta situación “golpea especialmente a las organizaciones que representan a personas con discapacidades físicas y orgánicas” de baja prevalencia o con escasa implantación territorial, la cual si no se revierte podría “provocar su desaparición”. Además, el sistema impone requisitos técnicos y administrativos de “difícil cumplimiento” sin proporcionar recursos para asumirlos, lo que obliga a “desviar esfuerzos de la atención directa”.

En 2024, Cocemfe y sus organizaciones estatales atendieron a 1.383.473 personas. “Esta cifra refleja el alcance real de una red que, año tras año, suple las carencias del sistema público. Si no se corrige el rumbo, muchas de estas personas se quedarán sin apoyo”, advirtió el presidente de la entidad.

Por ello, Cocemfe y su Movimiento Asociativo exigieron “un cambio urgente” del modelo de financiación para “garantizar los derechos de más de 2,6 millones de personas con discapacidad física y orgánica” en España.