Así lo expuso su presidente, Anxo Queiruga, durante una jornada celebrada en Madrid para dar a conocer los logros del proyecto Rumbo.

Este programa se enmarca en la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, que tiene por objeto la implantación de nuevos modelos de apoyo a la autonomía personal y vida independiente de las personas con discapacidad.

En su intervención, Queiruga destacó la necesidad de que este tipo de programas, “basados en políticas estratégicas del Estado, tengan vocación de continuidad y cuenten con financiación estable”. Además, reclamó que se reconozca la labor del movimiento asociativo, que lleva años trabajando por las personas con discapacidad “con todas las administraciones y en todas las coyunturas sociales, económicas y políticas”.

En la jornada intervinieron otras cuatro confederaciones del ámbito de la discapacidad que también participan en el Proyecto (Impulsa igualdad, Fedace, Aspace y Confederación Autismo). Todas subrayaron la importancia del reconocimiento del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad como un derecho básico reconocido en la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

Según Queiruga, “garantizar la autonomía individual no implica sólo el reconocimiento de un derecho, sino que es necesario acompañarlo de una serie de acciones e intervenciones por parte del Estado, que sean capaces de generar oportunidades, servicios, instalaciones y opciones de vida independiente reales”.

En este contexto, el proyecto Rumbo ha demostrado que el cambio de paradigma del modelo de atención es posible, apuntan las organizaciones. Ha conseguido implantar iniciativas para la promoción de la vida independiente que han alcanzado a 7.728 personas, de las que el 23% residían en zonas rurales.