La organización presentó sus aportaciones al proyecto de ley con el objetivo de que la futura regulación “garantice una intervención profesional centrada en la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la vida independiente y la calidad de los apoyos” que reciben las personas con discapacidad.

Cocemfe consideró que la norma representa una oportunidad para modernizar el sistema de servicios sociales mediante el establecimiento de criterios comunes que reduzcan las desigualdades territoriales, refuercen la seguridad jurídica y aseguren una atención homogénea en todo el Estado.

A juicio de la entidad, la inexistencia de un marco básico sobre profesiones, funciones y competencias provoca “diferencias significativas en el acceso a los apoyos y en la calidad de la atención prestada a las personas con discapacidad”.

Por ello, defendió que la futura ley se alinee plenamente con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y “abandone definitivamente cualquier planteamiento asistencialista” para orientarse hacia “la garantía de la autonomía personal, la inclusión comunitaria, la participación social y la igualdad de trato”.

El presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, afirmó que “el sistema de servicios sociales debe poner a las personas en el centro y garantizar apoyos que permitan desarrollar proyectos de vida independiente y participar plenamente en la comunidad”. En su opinión, la futura norma “debe consolidar un modelo basado en derechos y no en la mera atención asistencial”.

Entre sus propuestas, la confederación planteó la creación de un catálogo básico, flexible y actualizable de profesiones y perfiles que incluya tanto las ocupaciones tradicionales como otras especializadas en ámbitos como la accesibilidad universal, la asistencia personal, el apoyo a la vida independiente, la orientación jurídica especializada, la comunicación accesible, la igualdad, la coordinación de apoyos y la defensa de derechos.

Asimismo, reclamó que la ley reconozca expresamente el papel del tercer sector de acción social y del movimiento asociativo de la discapacidad como “agentes esenciales del sistema de servicios sociales” por su contribución a la detección de necesidades, la prestación de apoyos, la innovación social, la participación comunitaria y la defensa de derechos.

“Las entidades sociales llevamos décadas desarrollando apoyos especializados y generando conocimiento sobre las necesidades reales de las personas. Ese papel debe verse reflejado en la futura ley para fortalecer el sistema y garantizar respuestas más eficaces y ajustadas a la realidad social”, aseguró Queiruga.

Cocemfe también propuso que la norma establezca formación continua obligatoria para los profesionales en materias como discapacidad, accesibilidad universal, igualdad de género, apoyos a la toma de decisiones, prevención de vulneraciones de derechos y metodologías de intervención basadas en la evidencia.

Además, abogó por crear mecanismos estables de coordinación entre las administraciones públicas, las organizaciones profesionales y las entidades del tercer sector con el fin de “mejorar la cohesión territorial y la calidad del sistema de servicios sociales”.