Entre sus más de 100 propuestas de mejora, Cocemfe reclama que la ley incluya explícitamente los principios de accesibilidad universal y no discriminación; elimine las barreras físicas, económicas y administrativas para acceder a tratamientos, y garantice la continuidad asistencial, especialmente en situaciones de dependencia o en zonas rurales.

“Una persona con discapacidad no puede ver limitado su tratamiento por vivir lejos de un hospital, porque su oficina de farmacia presenta barreras, por no poder pagar el copago o por no disponer de un prospecto accesible”, subrayó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga. Por eso, exigió "una ley centrada en la persona, que garantice el acceso al medicamento como un derecho, sin excepciones”.

Además, Cocemfe pidió la incorporación formal del movimiento asociativo de la discapacidad en órganos clave como los comités de evaluación de medicamentos, las comisiones de precios y los procesos de revisión de la cartera farmacéutica, como representantes de quienes hacen uso directo y cotidiano de los medicamentos y productos sanitarios. Su participación "es esencial para garantizar que las decisiones en política farmacéutica respondan a las necesidades reales de las personas", defendió.

También pidió que se garantice la interoperabilidad total del sistema de receta electrónica y la dispensación domiciliaria cuando sea necesario.

Las propuestas de Cocemfe buscan reducir las desigualdades territoriales, asegurar el suministro continuo de medicamentos y evitar el uso inadecuado de productos con supuestas propiedades sanitarias.

También se dirigen a garantizar la accesibilidad en todas las oficinas de farmacia y en los servicios y plataformas digitales de salud, así como a impulsar la elaboración de materiales informativos en formatos accesibles y la formación continua del personal sanitario en accesibilidad.