Estos resultados anuales ponen "de manifiesto la necesidad de un acompañamiento jurídico especializado para garantizar el acceso efectivo a derechos y recursos fundamentales", según informó este viernes la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), de la que forma parte Cogami.

Uno de los ámbitos con mayor volumen de intervenciones en Galicia fue el relacionado con la valoración del grado de discapacidad, con 77 reclamaciones previas vinculadas a la aplicación del nuevo baremo estatal. Aunque se detectaron avances desde su entrada en vigor, Cogami advirtió que "estas valoraciones siguen generando preocupación por su impacto directo en los proyectos vitales, el acceso a prestaciones y el reconocimiento de derechos asociados".

El empleo y las condiciones laborales concentraron 163 consultas, relacionadas "con derechos laborales, adaptaciones del puesto de trabajo, discriminación por razón de discapacidad o compatibilidad entre incapacidad y empleo tras las recientes reformas normativas". A ello se sumaron actuaciones en materia de accesibilidad, vivienda y productos de apoyo, además de consultas sobre sanidad, dependencia y ayudas económicas.

"El acompañamiento jurídico resulta clave para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones", especialmente ante procedimientos administrativos cada vez más complejos y exigentes, subrayó esta entidad social gallega, que está constituida por más de 50 asociaciones que representan a personas con discapacidad física y orgánica. Esta confederación incluye cuatro federaciones provinciales, dos entidades autonómicas, y diez asociaciones comarcales, lo que la convierte en la entidad más representativa de personas con discapacidad en Galicia, según explicó Cogami.